Círculo Liberal Victorense, A. C.: Proyectos de Nación

Planes, Programas y Proyectos de Nación

La Construcción del Proyecto de Nación en México

El Proyecto de Nación es el paso fundamental para la concepción multidimensional del futuro. Presenta y desarrolla la visión de la nación que proyectamos; fundamenta y formaliza las leyes primordiales en la Constitución Nacional.

La visión encuentra, reconoce y asegura el futuro; clarifica los propósitos, da dirección, fortalece las metas mas allá de nuestros recursos, percibe el deseo nacional e instrumenta su espíritu. Crea la imagen del futuro nacional.

La visión ilumina el camino para el liderazgo nacional y les muestra el tiempo, el espacio, el comienzo, el ritmo y el final de sus etapas. La visión nos integra con nuestros universos internos y externos. Reconoce los eventos o hechos que no pueden resolverse con la integración. Reconoce y promueve que el recurso mayor de la nación procede de sus recursos humanos y de la energía que difunden. Define que las grandes diferencias del Perú tradicional con el Perú futuro las construirán sus nacionales. La visión proviene del ejercicio descubridor y atento que permite concentrarnos en lo importante, no del empuje arrollador.

La visión releva las virtudes de nuestra heterogeneidad nacional y promueve propósitos comunes. Reconoce que la complejidad de los tiempos es cada vez mayor tal como sus respuestas y que la simplicidad es esencial para la sofisticación. Reconoce la incapacidad del patrón de nación actual para integrar las entidades nacionales y responder a sus necesidades, por lo tanto, las herramientas y procedimientos tienen que ser reformuladas para satisfacer el nuevo concepto. Si continuamos haciendo lo de siempre, obtendremos lo de siempre. Define que la eficacia y la modernidad no siempre son concurrentes.

El proyecto de Nación en México, dentro de su contexto latinoamericano, surge de una base colonial hispánica; los conquistadores españoles, la población indígena y los esclavos africanos, van a proporcionar los elementos culturales que gestaron una nueva Nación. Existen distintas posturas sobre este fenómeno, por un lado se plantea que es durante la Conquista (1521) cuando se da "el parto doloroso en el que nace el mexicano" (Paz); mientras otras versiones hablan de que México no existe hasta que se logra la Independencia (1821), o hasta Las Leyes de Reforma (1857) en que se define el Estado moderno; hay incluso quienes indican que es la Revolución Mexicana (1910) la que por fin logra crear una nación definida.

Tal y como lo plantea Octavio Paz, la Conquista es el génesis del mexicano, sin embargo la idea de una Nación independiente no madurará hasta el siglo XVIII dentro de una sociedad Novo Hispana estratificada en castas, es importante mencionar este aspecto debido a que la idea de una Nación independiente va a surgir del grupo Criollo que reconoce su identidad desde el siglo XVII; estos españoles nacidos en América pertenecientes a las clases altas y medias con un grado elevado de educación, pero sin acceso a las posiciones de poder dentro de la administración y el clero colonial adoptarán las ideas de la Revolución Francesa y de la Independencia de los Estados Unidos motivados por el fuerte el resentimiento que tienen al ser tratados como ciudadanos de segunda, como lo apuntó F. Benitez.

El México que nace en el siglo XIX era una nación de criollos y para criollos, sin tomar en cuenta los intereses de la mayoría mestiza o los grupos indígenas; medio siglo fue necesario para lograr definir lo que la Nación mexicana debía ser; los bandos Liberal y Conservador integrados en su mayoría por criollos lucharon para tratar de establecer un modelo de Nación basado en el ejemplo norteamericano, una República, Federal, Laica; o por mantener la tradición Hispánica, Católica, Monárquica y Centralista. Los constantes enfrentamientos entre los dos bandos provocaron guerras civiles, movimientos separatistas y facilitaron la invasión tanto de Norteamericanos que arrebataron la mitad del territorio en 1847, como de Franceses que impusieron a un gobernante extranjero desde 1862 hasta 1867.

Tal y como lo establece Héctor Aguilar Camín, una vez restaurado el Gobierno de la República y la Constitución de 1857, con un territorio definido que no sufrirá cambios en lo subsecuente, la población mexicana cuenta por fin con todos los elementos de un Estado Nación moderno y se lanza hacia el desarrollo de su economía a través de la exportación de materias primas, sin embargo había una deuda pendiente con la mayoría de la población, los mestizos excluidos del proyecto de Nación carecían de tierras y justicia social, sus reclamos estallarán en la revolución de 1910.

El siglo XX empieza tarde para México, con un nuevo proyecto de Nación para todos los mexicanos establecido en la Constitución de 1917. Los gobiernos herederos de la revolución construirán al México moderno llevándolo a su industrialización y creando un sistema corporativista autoritario que intentó dar cabida a todos los ciudadanos. En los umbrales del siglo XXI la sociedad y el Estado mexicanos han dado pasos significativos hacia un nuevo horizonte en ese proyecto de Nación parece ser que los mexicanos buscan la democracia y la globalización; sin embargo, la cuestión indígena sigue sin resolverse. ¿Son ellos Mexicanos? ¿Son ellos parte del proyecto de Nación?

Sergio A. Guajardo del Hoyo.

Semblanza histórica de México (1821-2000)

Independencia y construcción del Estado Nacional (1821-1867)

La construcción del proyecto nacional se ha dado con base en una mezcla, a menudo conflictiva, de tradición y modernidad. Ambas perspectivas han coexistido antagónicas o complementarias; pero, al margen de sus connotaciones políticas específicas, se han mantenido como valores vigentes en el momento de definir y ejecutar las políticas gubernamentales.

En la historia de los siglos XIX y XX, a la modernidad se le ha concedido de cuando en cuando un valor de innovación per se. De ahí que los procesos de modernización suelan localizarse en las coyunturas de grandes transformaciones económicas, no necesariamente coincidentes con los ritmos del desarrollo cultural, que guardan una relativa independencia de ellos.

Al consumarse la Independencia en 1821, comienzan los esfuerzos para crear las leyes de la nueva nación, luego de tres siglos de dependencia del Imperio español. La legalidad de la Independencia quedó sancionada en el Plan de Iguala, que exhortaba a la unidad entre americanos y europeos (españoles residentes en México), como base de concordia para las tareas de reconstrucción política y económica. El documento libertador no pudo, sin embargo, conciliar los intereses contradictorios entre españoles peninsulares y españoles americanos (criollos), las dos fuerzas políticas y sociales más importantes de la época.

Monumento a la Independencia, Ciudad de México

La vieja enemistad política y económica que existía entre ambos tipos de españoles se intensificó con la Independencia que, tal como se había concebido, permitía la conservación de los privilegios de los peninsulares, sin resolver las demandas sociales de los americanos.

Los criollos representaron el advenimiento de un pueblo nuevo, que si bien prolongaba las tradiciones culturales europeas, también las modificaba con nuevas concepciones de país, al que consideraban suyo por haber nacido en él; y que les hacía considerarse con mayores derechos que los otros a dirigir el destino de la nueva nación.

La lucha entre los grupos nacidos en España y en tierra americana cubre el primer período del México Independiente y termina con la paulatina expulsión de los peninsulares y de sus caudales, tan necesarios para la economía del país. Estas primeras luchas, que arrastraron a los otros sectores de la población, se dieron con la presencia destacada de las logias masónicas: escoceses, que representaron los intereses de las clases pudientes, y yorkinos, que aglutinaron a los insurgentes.

Los grupos políticos en disputa defendieron principios distintos para conducir el país: "orden público y religión" los escoceses, y "libertad y progreso", los yorkinos, lo que llevaría a una posterior formación de los partidos centralista y federalista, respectivamente. Los primeros contaron con el apoyo de los españoles y el clero y los segundos, con el de los Estados Unidos.

Como instituciones, la Iglesia y el Ejército fueron los actores sociales más importantes en las luchas que van de la consumación de la Independencia hasta el triunfo de la Revolución de Ayutla (1855) y la Guerra de Reforma (1857-1867). México conoció en ese período tres formas de organización política: Imperio de Iturbide, República Federal y República Centralista. España fue derrotada y expulsada, pero no las estructuras que había creado durante su larga presencia. Dejó como legado una sociedad compuesta por blancos, diversos grupos étnicos y mestizos, con distintos grados de educación, cultura, tradiciones y niveles económicos. Había heredado un ejército y una poderosa Iglesia, dueña de la mayor parte de las riquezas del país, en virtud del Regio Patronato Indio, que concedió a España la autonomía de Roma respecto a la política eclesiástica en el continente.

Vicente Guerrero

Los reyes españoles y los virreyes eran los patrones y vicepatronos, respectivamente, de la Iglesia en la Nueva España, con derechos a la percepción de los diezmos, a la erección de Iglesias y la construcción de conventos; a la organización de misiones y a la propuesta de las personas para los puestos vacantes, desde obispos hasta capellanes.

Este inmenso poder que otorgó el Papa a los Reyes Católicos y a sus descendientes se asoció con una situación adversa, el triunfo de La Reforma luterana, que había separado del mundo católico a los protestantes. A cambio de ese privilegio, España se comprometió a efectuar y costear la evangelización, empresa que con creces recompensó esas pérdidas.

Al amparo de esa legislacion, la Iglesia reunió un importante patrimonio económico, incrementado aún más por las funciones de prestamista que desempeñó durante largo tiempo, a falta de instituciones de crédito. Su fuerza económica y social, emanada del poder religioso y educativo que ejercía sobre la población, fue causa de que los gobiernos republicanos lanzaran sus dardos contra ella. Nada extraño, puesto que precisaban su caudal para la construcción del país.

El Ejército, que con la Independencia se había constituido en una clase privilegiada, fue el mejor aliado de la Iglesia en la defensa común de los fueros.

Caído el efímero Imperio de Agustín de Iturbide (1822-1823), que había conservado los fueros de la Iglesia y el Ejército, se inician los largos debates entre federalistas y centralistas. Por más de tres décadas controversias y luchas armadas prolongan la pugna por imponer uno u otro régimen. El primer triunfo político correspondió a los federalistas, que vencieron en el Constituyente de 1823, autor de la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en 1824. La Carta Magna convirtió a las provincias en estados independientes y soberanos en lo tocante a la administración interna. La excesiva autonomía otorgada a los gobiernos locales fue utilizada sin embargo por ellos para combatir al gobierno federal. El pacto federal dio fuerza a las milicias locales, bastante bien organizadas, que al mando de militares con frecuencia ambiciosos, sirvieron indistintamente a federalistas y a centralistas.

Dos movimientos armados nacidos desde el seno de la vicepresidencia pusieron en peligro el régimen federal. El primero lo encabezó Nicolás Bravo (1827), Vicepresidente de la República y alto jefe de la logia escocesa, que aunque no logró derrocar al presidente Guadalupe Victoria, sí abrió la primera brecha contra el régimen federalista. El segundo movimiento, enarbolado por Anastasio Bustamante (1829), provocó una nueva crisis al desplazar de la Presidencia a Vicente Guerrero y permitir el ascenso de Bustamante (1830). Este atrajo al clero y trató de restablecer el orden para atender los problemas económicos, atemperar las reacciones a las medidas drásticas emprendidas contra los liberales, y fortalecer su batalla contra la prensa. Sobre él pesaba principalmente la responsabilidad de haber patrocinado la muerte de Guerrero. Al final, Bustamante provocó tal oposición de los gobiernos locales, que éstos pusieron fin a su mandato.

En 1832 se levanta la guarnición de Veracruz al mando del general Antonio de Santa Anna, quien pide el regreso al poder de Gómez Pedraza. La imposición de éste fue el puente para la toma de la primera magistratura por parte del propio Santa Anna (1833). Su gobierno tuvo como vicepresidente a Valentín Gómez Farías, liberal con un gran prestigio de honestidad, que decretó La reforma eclesiástica militar (1833-1834) destinada a combatir los fueros de la Iglesia y el Ejército.

Gómez Farías se convierte en el iniciador de la primeras Leyes de Reforma contra la Iglesia: incautación de los bienes del clero, secularización de la enseñanza y administración del patrimonio de la Iglesia. La reacción al programa reformista fue violenta, como era de esperarse, dadas las afectaciones que implicaba. Santa Anna regresa de su hacienda (Manga de Clavo), abroga las leyes anticlericales y acaba por expulsar a Gómez Farías, suprimiendo la Vicepresidencia. Con este acto se abre el camino a la nueva constitución centralista, Las Siete Leyes (1835-1836), que reemplazó a la de 1824. Los Estados se transforman en departamentos y sus rentas pasan a disposición del gobierno central, que contribuye a que ocurran sucesos de especial trascendencia, como la Independencia de Texas (1836), la primera guerra con Francia (1838-1839) y la separación del estado de Yucatán (1841).

La República centralista vive en crisis recurrentes. Se suceden los presidentes y los levantamientos. La economía está en ruinas. Apenas terminada la guerra contra Francia, Mariano Paredes y Arrillaga encabeza un movimiento reaccionario (1841) contra el régimen conservador del presidente Anastasio Bustamante, que fue aprovechado por Santa Anna para llegar al poder y gobernar como dictador. En un contexto de violencia armada, se proclaman las Bases Orgánicas (1843) que centralizan en forma absoluta en el Poder Ejecutivo la administración de las provincias. Ni con el bloqueo norteamericano de Veracruz ceden las luchas entre los bandos.

En 1846 un pronunciamiento, esta vez federalista, encabezado por José Mariano Salas, pone fin al centralismo. Tras una breve estancia en el poder, Salas ofrece la primera magistratura a Santa Anna, quien la deja en manos de Gómez Farías mientras sale a combatir la invasión estadounidense (1846-1848) al mando de un ejército de más de 14 mil hombres. De acuerdo con los Tratados de Guadalupe (1848), que pusieron fin a la contienda intervencionista, México perdió Texas, Nuevo México, Arizona y la Alta California. Ante el estrepitoso desastre, Santa Anna huyó al extranjero.

Aunque la guerra había conmocionado al país, todavía no se lograba crear una auténtica conciencia nacional, pero sí era evidente que ya se estaba planteando en algunos sectores la necesidad de unificar al país y tranformarlo, conduciéndolo a la modernidad. Esta tarea no pudo efectuarse inmediatamente después de la guerra, cuando los liberales moderados ascendieron al poder, en el que permanecerían hasta ser expulsados por el cuartelazo de 1852.

Los centralistas que se pronunciaron demandaron el regreso de Santa Anna, quien asumió el poder llevando a Lucas Alamán como jefe del gabinete. La muerte de Alamán dejó a Santa Anna cómo único dueño del poder y de la Nación. El Consejo de Estado le concedió entonces facultades absolutas y el título de "Alteza Serenísima", lo que le permitió establecer una dictadura de corte monárquico en extremo onerosa para la nación.

Santa Anna fue expulsado del escenario político que había dominado durante tres décadas, por la revolución triunfante de Ayutla (1854-1855). Esta capacidad de permanencia, representando a fuerzas políticas opuestas, hace de Santa Anna una figura única en la historia de México. Carismático, gobernó el país con los fusiles, con el Congreso y sin él, con el apoyo del pueblo y sin su consentimiento, alcanzando la Presidencia en once ocasiones. Sujeto a múltiples controversias, héroe para unos y traidor para otros, fue el hombre indispensable para resolver o intentar resolver las situaciones contingentes de la Nación.

Enarboló la bandera republicana contra Iturbide y traicionó a la República para instaurar su propia dictadura de corte monárquico. Con él inicia y concluye el ciclo de las luchas federalistas y centralistas, que a partir de Ayutla se entablarán entre liberales y conservadores, republicanos e imperialistas, hombres distintos de una misma batalla entre lo viejo y lo nuevo para forjar una nación que no acababa de encontrarse a sí misma.

El Plan de Ayutla no fue un pronunciamiento más para derrocar, en ese caso, a Santa Anna. Estuvo dirigido contra los gobiernos tiránicos que quisieron encarcelar el movimiento de 1810 en temas como "o encierro, o destierro, o entierro". Aunque proclamado por el coronel Tilorencio Villarreal, sus impulsores fueron el General Juan Alvarez, caudillo del movimiento, que gozaba de gran popularidad, y el liberal moderado Ignacio Comonfort, que dio un giro social al movimiento apoyado por la población.

La Guerra de Reforma (1857-1867)

Triunfante la revolución, el gobierno liberal se organizó primero bajo la presidencia de Juan Alvarez y luego bajo la de Ignacio Comonfort. Durante sus administraciones se promulgaron las primeras Leyes de Reforma, dirigidas contra la Iglesia e incorporadas a la nueva Constitución (5 de febrero de 1857). De ideas seguramente demasiado avanzadas para la época, el texto constitucional enfrentó condiciones adversas, que lo hicieron poco viable en el corto y en el mediano plazos.

La Constitución trasladó a la responsabilidad del gobierno la autoridad sobre actos de culto público (externo), y promovió la libertad de cultos. En lo educativo, esto significó una ruptura del control de la Iglesia Católica, o al menos la posibilidad de evitar su monopolio.

La nueva Carta Magna, que establecía la igualdad de los ciudadanos ante la Ley y la Supremacía del Estado sobre la Iglesia, sumió al país en una crisis nacional. La sublevación militar, encabezada por el General Félix Zuloaga, para abolir la Constitución, y el golpe parlamentario de Ignacio Comonfort, traen el encarcelamiento de Benito Juárez, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, y de otros legisladores radicales.

El cuartelazo de Tacubaya es el medio de llevar a la presidencia a Félix Zuloaga, en tanto Benito Juárez por ministerio de ley asume la Presidencia (enero de 1858) y establece su gobierno en distintos puntos del territorio nacional.

Esta dualidad de poderes dio origen a la Guerra de Reforma (1857-1860), finalmente favorable a los liberales que derrotaron en Calpulalpan (1860) al ejército conservador, comandado por el general Miguel Miramón. Estando Juárez en Veracruz, donde había trasladado su gobierno, expide las Leyes de Reforma, que ampliaron y ratificaron las primeras de ese nombre. La llamada "Ley Juárez" suprimió los fueros militar y eclesiástico en los negocios civiles y la "Ley de Lerdo" (1856) transfirió a los adjudicarios las fincas rústicas y urbanas, pertenecientes a las corporaciones civiles y eclesiásticas.

Las leyes de Veracruz atacaron a la Iglesia con mayor dureza. Ya no se trataba de transferencia, sino de nacionalización de los bienes eclesiásticos, secularización de los cementerios, supresión de las festividades religiosas e instauración del registro y del matrimonio civiles. Juárez castigó a la Iglesia por su ayuda a los conservadores, pero eso no le impidió promulgar la libertad de cultos.

Al implantar el orden legal y asumir la Presidencia (1861) inició una política enérgica y suspendió por dos años el pago de la deuda externa. La medida, dictada por la situación de bancarrota en que se encontraba el país, dio pábulo a la intervención francesa (1862) y a la creación del Imperio de Maximiliano de Habsburgo(1864-1867), sostenido desde Francia por Napoleón III. La Guerra de Reforma de hecho se empalma con la guerra de liberación nacional contra los imperialistas franceses y sus aliados, los conservadores mexicanos. Juárez carga la patria en el portafolios y defiende con firmeza la integridad nacional.

República Restaurada (1867-1876)

Juárez convocó a elecciones en las que resultó reelecto Presidente. En los nuevos comicios de 1871, el Congreso decretó la continuación de Juárez en la primera magistratura, lo que provocó varios levantamientos; entre ellos el de Porfirio Díaz (Plan de la Noria), quien enarboló la bandera de la no reelección. Juárez murió en 1872 en el ejercicio del poder y lo sucedió su colaborador y amigo Sebastián Lerdo de Tejada, continuador de su política, quien elevó a rango constitucional las Leyes de Reforma.

La generación de La Reforma estuvo compuesta por un grupo de hombres brillantes y arrojados que se agruparon en torno de la personalidad de Juárez (Melchor Ocampo, Manuel Doblado, Sebastián Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto, José María Iglesias y otros más) y por generales liberales, todos con un profundo sentimiento de deber hacia la patria. El destacado grupo (que no llegó siquiera a 100 integrantes) condujo la vida nacional con conciencia histórica y una clara visión acerca de los cambios que requería el país para su modernización.

En el ámbito social, su programa favoreció a la incipiente clase de empresarios y comerciantes, bajo el afán de hacer individual la propiedad y crear un país de pequeños propietarios. El principio, aunque idóneo desde un punto de vista teórico, según el grado de desarrollo económico que vivía el país, no dejó de lastimar los intereses de las comunidades indígenas, sujetas a un régimen de propiedad comunal. El fraccionamiento de la tierra condujo a la postre, en el régimen del general Porfirio Díaz, a la creación de latifundios, idea contraria a lo que los liberales se proponían.

En el rubro de la educación la idea rectora fue el cimiento de una educación civil, partiendo de la idea de que "la instrucción es la base de un pueblo a la vez que el medio más seguro de hacer imposibles los abusos del poder" (Melchor Ocampo).

La Reforma, en suma, fue un período que marcó el tránsito de un estado de confusión a un orden nuevo signado por el restablecimiento de las instituciones políticas nacionales y por la aspiración a la legalidad y la civilidad. Fue la base ideológica de la revolución de Ayutla, y la confirmación del pensamiento liberal que arranca de políticos e ideólogos como Valentín Gómez Farías y el doctor José María Luis Mora. El proyecto reformador echado abajo por Santa Anna, sería aplicado y ensanchado en el período reformador, al consignarse la separación del Estado y la Iglesia. Esta pugna ideológica, que condujo a la Revolución de Ayutla, a la Guerra de Reforma y a la resistencia contra los intervencionistas franceses y sus aliados locales, concluyó con el triunfo liberal plasmado en la Constitución de 1857, que estará vigente por espacio de 60 años.

El Porfirismo (1876-1910)

El Presidente Lerdo de Tejada encontraría en un antiguo correligionario el fin de su gobierno.

Así, en 1876 el general Porfirio Díaz le desplazó de la Presidencia enarbolando la bandera de la no reelección. Las elecciones de mayo de 1877 llevaron al general Díaz a la Presidencia, misma que no dejaría sino hasta 1911, a raíz del avance de la Revolución proclamada en 1910. Ejerce el poder de manera casi ininterrumpida por aproximadamente 30 años, sólo alterada por la presidencia de Manuel González, su cercano amigo, quien ocupa formalmente el poder entre 1880 y 1884.

Porfirio Díaz

La etapa liberal fue sustituida por el denominado porfiriato o porfirismo, que expresó la personalidad férrea de Porfirio Díaz, de brillante historial militar, patriota, héroe de la guerra de intervención, hombre de armas que trajo la pacificación del país, y que ya en el poder se convirtió en dictador. La bandera de la no reelección, de la que fue portaestandarte, la suplió por la de reelección continua. Cambió el texto constitucional para reelegirse en 5 períodos consecutivos.

Si los liberales habían creado un Estado-Jurídico y habían concedido la igualdad de derechos a los mexicanos, a Porfirio Díaz se debe la formación territorial del Estado-Nación y la supresión de los derechos cívicos de los mexicanos. Díaz creó la infraestructura para la unificación del territorio: una amplia red de transportes (20,000 kilómetros de vías férreas), base para formar un mercado nacional. En esta tarea fue notable la labor de José Ives Limantour, el responsable de la hacienda pública, quien organizó el financiamiento del proyecto de expansión económica, gravó con impuestos la producción, acabó con los impuestos al tráfico interno de las mercancías, reorganizó la deuda pública (1893), reorganizó las instituciones de crédito (1897), llevó a cabo una reforma monetaria (1905), y, en consecuencia creó un clima de confianza a los inversionistas extranjeros.

La "paz social" imprescindible para llevar adelante esa empresa, se consiguió "matando en caliente", a los que levantaban las armas contra el régimen y suprimiendo todas las libertades civiles.

El orden y el progreso fueron la divisa y la justificación de un régimen que privilegió ostentosamente a los grandes propietarios –urbanos y terratenientes- y a los capitalistas ingleses y norteamericanos, dueños de las tres cuartas partes de la industria minera y de la mitad de la explotación petrolera, iniciada durante el período. Los avances en la industria no repercutieron en el campo, donde se mantuvo una organización semifeudal. Las leyes de colonización y baldíos condujeron al despojo de los pequeños propietarios y a la concentración de la propiedad.

El régimen cayó por los males sociales, pero también por aquel espíritu de conciencia nacional que había cundido entre los políticos e intelectuales de la nueva generación, que prepararon y acaudillaron el movimiento revolucionario de 1910. El cambio de los hombres fuertes por las instituciones vendría con esta revolución, la primera democrática triunfante del siglo XX y el movimiento social que más influjo tuvo en todas las esferas de la vida nacional.

Revolución de 1910 (1910-1920)

La Revolución puede dividirse en tres etapas: política, social y constructiva. En la primera la figura central es Francisco I. Madero, quien inicia el movimiento armado con el Plan de San Luis Potosí (5 de octubre de 1910). La promesa de restitución de las tierras comunales a sus antiguos poseedores incorpora al movimiento a jefes tan destacados como Francisco Villa y Emiliano Zapata, que imprimen un carácter social a la revolución.

Francisco I. Madero

Con la firma de los tratados de Ciudad Juárez se inflige una herida a la revolución. Por ellos renuncia Díaz a la Presidencia pero los porfiristas siguen en el gobierno. A menos de un año de iniciada la lucha, Madero toma posesión de la Presidencia, dando legalidad a un movimiento que todavía no concluía. Lo acompaña como vicepresidente José María Pino Suárez

Emiliano Zapata, caudillo de los campesinos del sur (Estado de Morelos), renuente a deponer las armas hasta no conseguir la restitución de las tierras a las comunidades de la región, se levanta contra Madero (Plan de Ayala 1911) y lo mismo hace por razones oportunistas Pascual Orozco en Chihuahua (1912). Madero tuvo que hacer frente también a la reacción porfirista, representada por el general Bernardo Reyes y por Félix Díaz, sobrino del dictador, el cual se levanta en armas en Veracruz (octubre de 1912) acusando a Madero de incompetente para controlar la situación.

Las fuerzas federales derrotaron con facilidad a Felix Díaz, quien fue apresado y trasladado a la capital para someterlo a juicio de guerra. Indultado por los ministros porfiristas de la Suprema Corte, fue confinado en Lecumberri. De ahí sería liberado, lo mismo que Reyes, de la prisión de Tlatelolco, por los pronunciados del 9 de febrero de 1913, encabezados por el General Manuel Mondragón. Este pronunciamiento, que se conoce como la "Decena Trágica" (del 9 al 17 de Febrero de 1913), fue instigado y apoyado por el diplomático estadounidense Lane Wilson, quien desplegó una exaltada actividad para derrocar a Madero.

Félix Díaz se refugió en la Ciudadela con 1500 soldados, mientras Madero nombraba al general Victoriano Huerta Jefe de las Fuerzas del Gobierno para la defensa de la capital. Desde este momento el personaje central es Huerta. La situación le favorece, tiene copados a Félix Díaz y al embajador Wilson. Al primero lo puede vencer a voluntad, mientras que al diplomático lo necesita para llevar a cabo su plan de ascenso al poder. En esa coyuntura fragua la traición al Presidente Madero.

Con la seguridad de que Estados Unidos lo apoyaría en sus pretensiones presidenciales, Huerta pacta con Félix Díaz (Pacto de la Embajada) y se subleva. Madero y Pino Suárez son apresados en el Palacio Nacional, son obligados a renunciar a sus respectivos cargos y finalmente asesinados. Con ello se cerró la primera etapa de la Revolución Mexicana.

Venustiano Carranza, Gobernador de Coahuila, se levanta en armas en mayo de 1913 (Plan de Guadalupe) contra el usurpador Huerta. Su movimiento, que tomó el nombre de constitucionalista, fue secundado por Alvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Francisco Villa, José María Maytorena, Benjamín Kill y muchos más. Carranza asumió el poder y se nombró Jefe del Ejército Constitucionalista, que quedó organizado en tres divisiones: Norte (Villa), Noroeste (Alvaro Obregón) y Noreste (Pablo González). Vencido el Ejército Federal (1914), Huerta huye del país, presionado por los estadounidenses, que toman los puertos de Veracruz y Tampico. Caído Huerta, como era ya el deseo del nuevo presidente estadounidense Woodrow Wilson, las tropas invasoras se retiran del país.

Los revolucionarios, que habían vencido con denuedo al enemigo común, no se ponen de acuerdo con respecto al rumbo que debería tomar la Revolución. Para zanjar las dificultades se reúnen en la Convención de Aguascalientes, de la que surgen dos gobiernos: el de la Convención, con Eulalio Gutiérrez al frente, compuesto por "villistas" (tropas de Francisco Villa) y "zapatistas" (tropas de Emiliano Zapata), y el de Venustiano Carranza, que se establece en Veracruz, y que cuenta con el apoyo del militar más destacado de la Revolución, el general Alvaro Obregón. Surge entonces la lucha entre las dos facciones. El triunfo militar e ideológico corresponde al gobierno de Carranza. En 1915, éste promulga leyes en beneficio de los campesinos y los obreros.

Vencido el villismo por Obregón para 1916 (el golpe decisivo había sido dado en 1915 en Celaya contra las tropas villistas); y reducido el zapatismo a su lugar de origen, Carranza convoca a elecciones para el Congreso que promulgará la Constitución del 5 de febrero de 1917. La nueva Carta Magna eleva al rango de constitucionales las leyes de 1915 (artículos 27 y 123), consignando las garantías sociales y concediendo a la nación la titularidad sobre la propiedad de la tierra, las aguas y el subsuelo; y limitando la propiedad privada a las modalidades del interés público.

Aunque la Revolución había tomado forma jurídica en la Constitución, las luchas guerrilleras se mantenían activas contra Carranza, ocasionando graves daños a la población. Villa y sus dorados llegaron inclusive a incursionar en territorio estadounidense, asaltando y saqueando la población de Columbus (Nuevo México) y suscitando un serio problema con el vecino del norte. Como respuesta, Estados Unidos organizó una expedición punitiva al mando de John Joseph Pershing, quien avanzó hacia el interior del país para capturar a Villa, sin lograrlo. El asunto quedó resuelto por vía diplomática: las conferencias de Atlantic City (septiembre de 1916 - enero de 1917).

Era claro que Villa comprometía a la Revolución con actos delictivos de carácter internacional. Por su lado, Zapata prosiguió la lucha contra Carranza hasta 1919, en que fue asesinado. La misma suerte correría Villa en 1923. En vísperas de las elecciones presidenciales, y al postular Carranza a un candidato civil para la primera magistratura, el general Obregón, que aspiraba al Ejecutivo, proclamó el Plan de Agua Prieta en unión de Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles (23 de abril de 1920). Carranza, que representaba los principios constitucionalistas de la Revolución, fue forzado a huir de la capital rumbo a Veracruz y en el camino fue asesinado (1920).

El período posrevolucionario (1920-1940)

Ascenso de Alvaro Obregón (1920-1924)

Ante la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta asumió la Presidencia de manera interina y logró la pacificación. Los jefes revolucionarios que quedaban, entre ellos Villa, deponen las armas; al tiempo que regresan al país los exiliados políticos. Entre éstos se halla José Vasconcelos, que poco tiempo después se convertiría en el fundador de la Secretaría de Educación Pública. Tras un breve interinato (mayo - octubre de 1920), sube a la Presidencia el General Alvaro Obregón (1920-1924). Con él propiamente comienzan los gobiernos de la Revolución y se fijan las bases para la reconstrucción del Estado.

Obregón inicia la reorganización de acuerdo con los intereses de los grupos triunfantes. Tiene que administrar un país arruinado, enfrentado al endeudamiento, la suspensión de créditos bancarios, la desorganización administrativa y las fuertes demandas por parte de la población. Asegura y fortalece su poder mediante políticas de alianzas.

Aunque el Ejército constituye su principal apoyo, sabe por experiencia propia que también puede ser su principal amenaza. Por lo mismo, aísla políticamente a los caudillos militares con poder local y reduce el número de los contingentes armados. Busca nuevos aliados en las organizaciones obreras y campesinas. En materia agraria expide varias leyes a favor de la restitución del ejido (forma de posesión de la tierra que el Estado cede al campesinado). Con su política fiscal, que implanta un sistema moderno de tributación, inicia el proceso de consolidación del Estado mexicano, cuyas bases quedaron establecidas en la Constitución de 1917.

Obregón logró que su gobierno fuera reconocido antes de agosto de 1923 por casi todos los países; excepto Inglaterra, Francia, Bélgica, Cuba y Estados Unidos. Este último condicionó el reconocimiento a un replanteamiento en la aplicación del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo, y a la firma de un tratado de amistad y comercio. Por medio de los Tratados de Bucareli (1923), Obregón es reconocido por Washington, pero se le tilda de "entreguista", a pesar de que no hubo retroactividad con respecto al artículo mencionado. El mismo año del reconocimiento, el régimen se vería perturbado violentamente por la rebelión delahuertista, que dejó un saldo de 7 mil muertos.

En efecto, en diciembre de 1923, Adolfo de la Huerta, candidato a la Presidencia, se levanta en armas contra Obregón pero es derrotado. Obregón había favorecido la candidatura de Plutarco Elías Calles, quien en julio de 1924 llega a la Presidencia de México.

La labor de Obregón en el campo educativo fue notable. En 1921 creó la Secretaría de Educación Pública, hecho que tiene gran importancia, pues desde que Carranza suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, la educación corría a cuenta de los municipios, escasos siempre de recursos para realizar una labor eficaz en ese rubro.

Vasconcelos, a quien se debió la iniciativa, fue su primer titular y el organizador de la educación en el país. Puso en marcha una campaña masiva de alfabetización; creó las Misiones Culturales y convirtió a los maestros rurales en modernos misioneros, en los apóstoles de la educación a la que deberían consagrarse con el celo, propio de los primeros evangelizadores del continente. Tiende una verdadera cruzada para llevar el libro como la cruz al pueblo, al que había que incorporar a la cultura hispánica, que él contrapuso con celo a la anglosajona. La misión de su raza cósmica, síntesis de las razas del continente americano, es procurar, precisamente, el acercamiento no con la ciencia, sino con el espíritu, el amor y el arte. En el desempeño de su cargo, creó los departamentos Escolar, de Bellas Artes, y Bibliotecas y Archivos. Se dividió la educación media en secundaria y preparatoria, se fundaron escuelas nocturnas, se prestó atención a la formación de obreros calificados y se dio gran impulso a la pintura mural mexicana y a la cultura popular.

Su obra educativa -principalmente alfabetizadora- fue acompañada de una importante labor editorial. Se retiró del cargo en 1924, por oposición a la política que instrumentaba el Gobierno Federal, pero ya había puesto en marcha una obra titánica, difícil de igualar por quienes lo sucedieron en la SEP.

Plutarco Elías Calles (1924-1928)

El presidente Calles continúo la obra de Obregón y se dio a la tarea de consolidar el Estado, iniciada por su predecesor. Hizo de las organizaciones obreras el soporte básico del gobierno revolucionario. Apoyó fuertemente a la Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM), cuyos afiliados superaban la cifra de un millón. Esta forma política concebida para Obregón fue fortalecida por Calles y luego por todos los gobiernos de la Revolución. Con Calles comienza la intervención del Estado en los asuntos de la economía nacional. Crea el Banco Nacional de México y otras instituciones financieras que dan al Estado el control de la vida económica del país. Funda la Comisión Nacional de Caminos, pone en vigor una ley sobre irrigación, se enfoca a la construcción de presas y marca los derroteros para el desarrollo económico ulterior del país.

Sin embargo, extremó el vigor contra el clero (suspensión de cultos y cierre de iglesias), provocando la rebelión cristera (1926-1929) que tuvo como escenario principal los estados de Jalisco, Colima, Zacatecas, Guanajuato y Durango.

En las elecciones de 1928, Alvaro Obregón, fue elegido por segunda vez para la Presidencia, que no pudo asumir porque fue asesinado en julio de 1928 por el fanático José León Toral. Con su muerte se inicia el maximato, un período comprendido entre 1928 y 1934, que se denomina así porque Calles es la figura central, el Jefe Máximo de la nación, el poder fuera del poder pero por encima de él. Los tres presidentes del maximato fueron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Durante ese período se creó el Partido Nacional Revolucionario (PNR), en 1929, encargado de la organización y realización de las elecciones, tareas que correspondían hasta entonces a la Secretaría de Gobernación.

Las elecciones de 1929 se desarrollaron en un clima de agitación política. Hubo varios candidatos pero al final se perfilaron dos: Pascual Ortiz Rubio, a quien se vio como el candidato oficial, y José Vasconcelos, independiente. El triunfo correspondió al primero, no sin serias irregularidades en el proceso. La influencia de Calles sobre el nuevo mandatario fue determinante.

Luis Cabrera, notable periodista y pensador, alzó su voz con unas palabras que le valieron el destierro en 1931: "Para la resolución de nuestros problemas políticos se requiere valor civil, honradez y patriotismo, de los que desgraciadamente andamos muy escasos los mexicanos....".

Por los años 30 se inicia un fuerte debate nacional en torno a la educación socialista, cuyos más enérgicos impulsores fueron el líder obrero Vicente Lombardo Toledano y Narciso Bassols, Secretario de Educación Pública bajo la presidencia de Abelardo L. Rodríguez. Bassols quiso introducir la educación sexual en los últimos años de primaria, pero el rechazo del sector católico fue tan violento que tuvo que renunciar al cargo. Fue entonces cuando Calles se movilizó para dar su aprobación a la educación socialista con miras a crear en los jóvenes una mentalidad acorde con la Revolución. Finalmente, en noviembre de 1934, días antes de que Cárdenas asumiera la Presidencia, se reforma el artículo 3° de la Constitución para introducir el nuevo credo educativo.

Lázaro Cárdenas (1934-1940)

Su gobierno se caracterizó por el ascenso de las fuerzas revolucionarias. Se organizaron los movimientos obrero y campesino: Confederación Nacional Campesina (CNC) y Confederación y Trabajadores de México (CTM), como única organización obrera. Se constituyó la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), medida por la que los empleados públicos abandonan sus nexos con la CTM. Organizadas las fuerzas sociales, Cárdenas crea en 1938 el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) que queda estructurado con los sectores obrero, campesino, militar y popular (burócratas), supeditados al Estado y al Poder Ejecutivo en particular.

Cárdenas resolvió la crisis de autoridad expulsando en 1936 al "jefe máximo" de la nación, Plutarco Elías Calles, por conspiración contra el gobierno. Reforzó el presidencialismo y con la creación del nuevo partido diseñó las estructuras políticas y económicas que funcionarían sin mayores contingencias finales de los años ochenta.

El lema del PRM fue: "por una democracia de trabajadores" y en la declaración de principios está la idea del proyecto de nación: reconocimiento del derecho de huelga y apoyo a los obreros, colectivización de la agricultura, intervención del Estado en la economía nacional y en la educación; igualdad política social de la mujer, garantía de libertades para los indígenas, seguro social, control de precios, construcción de viviendas populares, la no intervención en los asuntos de otras naciones, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el combate a cualquier forma de opresión y el fascismo, que ya había asomado su cabeza en el horizonte internacional y que en el interior del país esta representado, desde 1937, por la Unión Nacional Sinarquista.

Contra los postulados radicales del PRM se unen los partidos contrarios existentes entonces y los que se constituyeron después, especialmente el Partido de Acción Nacional (PAN), formado en 1939 a iniciativa del destacado intelectual Manuel Gómez Morín, Miguel Estrada Iturbide y otros más (este partido obtuvo su registro oficial en 1948).

Con respecto a la Iglesia, Cárdenas mantuvo una política de conciliación, pero la alejó sin perseguirla, mediante la educación socialista. Puso en marcha La Reforma Agraria a través de repartos masivos de tierra a los campesinos. Del 1° de diciembre de 1934 al 31 de agosto de 1940 se otorgaron al campesinado un total de 18,352,275 hectáreas. Por el Nuevo Código Agrario (1940) se autorizó el establecimiento de ejidos ganaderos y forestales.

En 1937 nacionalizó los Ferrocarriles Nacionales y en 1938 se expropiaron los trenes de las compañías petroleras extranjeras.

Durante su administración se crearon la Comisión Federal de Electricidad, los departamentos de Turismo, de Prensa y Publicidad, la Secretaría de Asistencia Pública (1938), el Departamento Autónomo de Asistencia Infantil (1937); los bancos de Crédito Ejidal y Nacional Obrero de Fomento Industrial, así como el Tribunal Fiscal de la Federación. Su obra educativa fue muy importante.

Además del interés que puso en las escuelas primarias y las regionales campesinas, creó el Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación Científica, el Consejo Técnico de Educación Agrícola, el Instituto Nacional de Psicopedagogía; el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional Indigenista. Cárdenas convirtió el Castillo de Chapultepec en museo y traslado de ahí a Los Pinos la residencia presidencial. Clausuró las casas de juego. Abrió las puertas a los refugiados republicanos españoles (más de 40,000) y a otros perseguidores políticos europeos y americanos.

Los hechos que suelen registrarse como los más relevantes de la gestión de Cárdenas fueron la Expropiación Petrolera en 1938 -acontecimiento de la mayor trascendencia para el nacionalismo mexicano-, que se aplicó contra las compañías extranjeras del ramo y que dio lugar a la fundación de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos; la aplicación más decidida -antes y después de su gobierno- de la Reforma Agraria; así como la creación del Instituto Politécnico Nacional y de La Casa de España en México, luego transformada en El Colegio de México. Por lo demás, el recibimiento de los exiliados republicanos españoles resultó estratégico para el enriquecimiento del medio cultural del país, pues entre ellos se encontraban importantes intelectuales y artistas que se arraigaron en el país

La modernización económica y el desarrollo estabilizador (1940-1970)

Manuel Avila Camacho (1940-1946)

Su gobierno se inicia en un ambiente de malestar provocado por la implantación del la educación socialista, y por la impugnación de las elecciones, calificadas por algunos de fraudulentas. En el ámbito internacional ya se había iniciado la Segunda Guerra Mundial, que en ese año ya prometía ser lo que sería después. En esa coyuntura, la política de unidad nacional aplicada por él era la única factible para conciliar el país.

A pesar del retroceso que significó para los antiguos revolucionarios el gobierno de Avila Camacho, éste hizo obras en beneficio de las mayorías populares; entre ellas, la creación del Seguro Social Mexicano (1943), que provocó fuerte oposición por los grupos patronales. Formado con aportaciones estatales, patronales y de los trabajadores, el Seguro Social ha sido y es una de las instituciones claves para asegurar las condiciones de vida de los trabajadores del país.

Para poner fin a las pugnas intergremiales fundó el Consejo Nacional Obrero y fueron importantes para la protección de los trabajadores la creación de la Nacional Reguladora y Distribuidora, encargada de abastecer a la población con productos de primera necesidad, así como, la congelación de las rentas de casas.

Introdujo medidas para abatir el costo de la vida; control de precios de los artículos básicos y salarios de emergencia.

Durante su gobierno, y a resultas de una nueva legislación agraria, se amplió la extensión de la Parcela Ejidal hasta 6 hectáreas y se prosiguió con el reparto agrario (6 millones de hectáreas). Fueron beneficiadas más de 683,000 hectáreas con obras de irrigación, suma considerable que triplicó la realizada en este rubro durante los años de 1926-1940.

Promulgó una nueva Ley Electoral (1945) que reguló la existencia de los partidos políticos, creó un Consejo del Padrón Electoral y una Comisión de Vigilancia y estableció los requisitos para el registro de los partidos. En materia internacional declaró la guerra a los países del Eje, ligando la suerte del país a las democracias. Toda su política fue de marcada nota civilista.

El presidente Avila Camacho consiguió también logros en el ramo de la educación, muy en especial cuando el escritor Jaime Torres Bodet asumió la titularidad de la Secretaría de Educación Pública (1943-1946). Se desplegó una amplia campaña en contra del analfabetismo (50% de la población) con signos de tarea nacional. Fueron obra de su mandato la creación del Instituto de Cardiología, el Observatorio Astrofísico de Tonanzintla y El Colegio Nacional, institución dedicada a la divulgación del saber científico y humanístico, que quedó en manos de los hombres más destacados de México en ciencia, filosofía, letras y artes.

La tarea para reformar la educación no fue fácil por cuanto el sistema educativo había entrado en crisis desde 1941 por el conflicto que se dio en torno al sentido y alcance de la educación socialista. Separados de la titularidad de la Secretaría de Educación Luis Sánchez Portón y Octavio Véjar Vázquez, en 1944 asume el cargo el escritor Jaime Torres Bodet, antiguo miembro del destacado grupo de escritores conocido como "Los Contemporáneos", quien propuso una política de "educación para la paz, para la democracia y para la justicia social". Gradualmente se llegó al final de su gestión a la reforma del Artículo 3° Constitucional, que puso fin a la educación socialista (diciembre de 1946).

Durante el Gobierno de Manuel Avila Camacho se concedió un nuevo matiz a la Revolución, inclinándose hacia el civilismo. Suprimió el sector militar del Parido de la Revolución Mexicana, partido que desde 1946 se identificó como Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que promovió la designación como candidato a la Presidencia al abogado Miguel Alemán. Con Avila Camacho se inicia el proceso de modernización económica de México, luego de la fase de institucionalización de la Revolución.

Miguel Alemán (1946-1952)

Inició su gobierno con un programa de industrialización, cuya nota fue una franca apertura al capitalismo internacional. Con él cambia el rumbo respecto a la Revolución, se da una ruptura con los gobiernos anteriores. Estos cambios de estrategia se engloban en lo que el político Antonio Carrillo Flores definió como la "Teoría del péndulo", que la practicarán todos los gobiernos posrevolucionarios, pero sin modificar el edificio político, social y económico creado por Lázaro Cárdenas. Conviene subrayarlo porque perduró, con sus diversas crisis, hasta los años 80 y contribuyó a la creación de la burguesía nacional y las clases medias, a la integración nacional y cultural de México.

En lo económico, se tradujo en un modelo de desarrollo de sustitución de importaciones y en lo político, en un fuerte presidencialismo, apoyado por un partido único identificado con el Estado paternalista, erigido en garante y responsable de la vida de la nación.

El modelo funcionó mientras existió un equilibrio entre la política y la economía. El estado intervino, de manera activa, con grandes inversiones en las áreas de la economía. Creó un mercado interno, protegido con facilidades fiscales y crediticias a la industria nacional; a su vez desarrolló una avanzada política de seguridad social (salud, educación, legislación laboral) y puso en práctica un sistema de subsidios de corte popular para favorecer a las sectores más desprotegidos.

Alemán fue el primer presidente mexicano en hacer una visita oficial a Washington. También recibió en México al presidente estadounidense Harry S. Truman.

Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958)

El modelo del régimen de Miguel Alemán siguió funcionando con Adolfo Ruiz Cortines y sobre todo con Adolfo López Mateos (1958 - 1964). Con el primero, aun devaluado el peso, el crecimiento industrial tuvo una tasa promedio de 8%. Con López Mateos los avances fueron significativos, como en el ritmo de crecimiento económico, que mantuvo el Producto Interno Bruto (PIB) al 7% anual.

Fue un gobierno discreto, que no hizo programas ni obras espectaculares, salvo en el terreno de la irrigación donde destaca la Presa Falcón sobre el Río Bravo, un producto internacional entre México y Estados Unidos que favoreció a los dos países (1953). En general se destacó por la austeridad política, de algún modo compensatoria respecto del régimen de Miguel Alemán, que le heredó una grave inflación e impugnaciones acerca de la posible deshonestidad de ciertos sectores del gobierno. El primer mal lo solucionó devaluando el peso, que pasó de 8.50 a 12.50; y el segundo, imponiendo moralidad a su mandato. Así, por ejemplo, fue el primer presidente en hacer su declaración de bienes al inicio de su gestión presidencial.

Expropió los latifundios extranjeros de Cananea (Sonora) y otros más de Coahuila y Chihuahua. Puso en práctica un Programa de Progreso Marítimo ("Marcha al mar"), con el mejoramiento de 70 puertos. Fomentó fuentes de trabajo y consiguió un aumento de la producción industrial de un promedio anual de 8%.

Duplicó durante su administración la red de camiones federales y estatales y se instalaron nuevas refinerías. No obstante los buenos resultados de la política económica, creció la emigración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos. Por otra parte, fue importante la labor desarrollada en el Distrito Federal por Ernesto P. Uruchurtu, Jefe del Departamento de 1952 a 1958.

En el orden político, concedió el voto a la mujer (1953). Su labor educativa fue limitada y sus esfuerzos se dirigieron hacia los estados, donde trató de reactivar las Misiones Culturales y crear Centros Tecnológicos Regionales. A pesar de las campañas de alfabetización, emprendidas por Jaime Torres Bodet en 1944, no se había logrado abatir el analfabetismo, que representó todavía un 42%.

En el período de Ruiz Cortines se suscitan importantes movimientos gremiales y sociales (electricistas, telefonistas, telegrafistas y maestros).

Adolfo López Mateos (1958-1964)

Los avances del gobierno de López Mateos fueron muy significativos. Nacionalizó los recursos eléctricos y amplió la legislación obrera con la puesta en funcionamiento de la participación de los trabajadores en las utilidades (ganancias) de las empresas, como parte del artículo 123 de la Constitución. Extendió los beneficios del Seguro Social a las fuerzas armadas y a los cañeros y redujo considerablemente el saldo de la balanza comercial. El crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) fue, en promedio anual, del 7%.

López Mateos dio importancia prioritaria a la educación que había entrado en crisis en el sexenio anterior. Redactó un Plan de once años para planear el rubro de acuerdo con las necesidades y características de la población en constante crecimiento. Se construyeron durante su administración 23,284 nuevas aulas y creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (1959).

Para castellanizar a la población escolar indígena entró en funcionamiento el servicio de promotores culturales, se puso en marcha el reparto de desayunos escolares mediante la creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia (1961), y se extendió muy especialmente la educación a los sectores rurales, enfocada hacia el trabajo práctico. Se crearon el Centro de Capacitación para el Trabajo Rural y el Consejo Nacional de Fomento de los Recursos Humanos para la Industria. Se fomentó el desarrollo de universidades en los estados y en la capital, y la construcción de museos, como el Nacional de Antropología, que recapitulaban las principales etapas históricas de México.

La labor desplegada por Jaime Torres Bodet, como secretario de la Secretaría de Educación Pública, se tradujo en un descenso del analfabetismo hasta llegar al 28.91% respecto de la población total del país; cifra de abatimiento aparentemente modesta, pero considerable si se la compara, por ejemplo, con la que privaba en 1950: 43.48%.

Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970)

Puso énfasis en la administración pública, en la relación entre el gobierno y las empresas descentralizadas, en el control de los contratos de obras públicas. La Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) se transformó en un organismo público descentralizado. Promulgó la Ley General de Bienes Nacionales y por primera vez en la historia los ingresos y gastos de las principales empresas estatales y descentralizadas fueron incluidas en el presupuesto de Egresos de la Federación. Modificó el Impuesto sobre la Renta para gravar los ingresos globales de las personas físicas y morales. Impulsó los sectores agropecuario (aumentó el valor de las cosechas, sobre todo de trigos enanos) e industrial (eléctrica y minería).

Para crear fuentes de empleos, se autorizó la libre adquisición de maquinaria y materias primas, indispensables para la exportación de los artículos fabricados. En los años 1965-1970, el 75% de la inversión federal se destinó a la industrialización e infraestructura económica; el 23,5% al bienestar social y el 1.5% a defensa y administración. La tasa media de incremento anual del PIB fue de 7%. Díaz Ordaz estableció por primera vez los salarios mínimos profesionales.

Díaz Ordaz dio vigencia también a una nueva legislación laboral: La Ley Federal del Trabajo. En el rubro de la educación su labor se vio disminuida por el explosivo crecimiento demográfico, Así y todo al final de su gobierno existían 21,400 centros de alfabetización y 1,163 teleaulas, novedad de su régimen. Su gobierno se vio perturbado por la huelga de los médicos residentes del Hospital "20 de Noviembre" (1964), por demandas de tipo económico. El movimiento fue apoyado por 66 instituciones de salud de la capital y por los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional.

En 1968, a raíz de otros hechos, surgirían conflictos estudiantiles previos a la realización de las Olimpiadas que ese año se organizarían con gran éxito en el país. Coincidente con lo que ocurría en otros lugares del mundo, se generó un movimiento universitario que, no sin un costo significativo en represión, marcó las pautas para un cambio gradual, de serias repercusiones políticas para el Gobierno, que iniciaría un cambio en las relaciones que desde los años 70 se ha observado entre el Estado y la sociedad mexicanos.

Desde un punto de vista cultural, se abriría entonces otra etapa para el país, especialmente para los jóvenes de la propia generación del 68, pero también para los de las siguientes generaciones. Apertura ideológica –a menudo en conflicto con la autoridad presidencial-, interés crítico, creatividad, proliferaron muy marcadamente durante los años siguientes y todavía hoy se percibe el eco de las corrientes artísticas y culturales a las que entonces se dio lugar.

Período 1970-1988: la transición del nacionalismo tradicional a la globalización

Luis Echeverría Alvarez (1970-1976)

Comenzó su mandato en una coyuntura política desfavorable. En el país no se habían restañado los efectos producidos por la ruptura política de 1968, y en el exterior comenzaban a darse en la economía mundial los primeros síntomas del proceso inflación-recesión, que culminarían en una crisis en 1973. La repercusión inmediata del fenómeno mundial se expresó en una rápida elevación de precios, escasez de circulante, desempleo y escasa inversión privada.

El signo del gobierno echeverrista quedaría determinado por esos fenómenos. Este incrementó la inversión pública en los sectores estratégicos de la economía nacional: petróleo, energía eléctrica, infraestructura portuaria y caminos.

La reducción de las exportaciones y el aumento de las importaciones de máquinas y equipos, imprescindibles para la modernización tecnológica de las industrias mexicanas, aumentaron el déficit del presupuesto federal y aceleraron el endeudamiento externo. La deuda externa alcanzó la cifra de 20,000 millones de dólares durante su gestión y la tasa de inflación fue del 27% en 1976, último de su sexenio, que acabó sus días con la devaluación del peso (31 de agosto de 1976). Este fenómeno fue grave porque México había mantenido su paridad (12.50 por dólar) desde 1954.

Echeverría dio un sesgo populista a su gobierno y atacó a los empresarios que, a decir de él, habían amasado fortuna poniendo sus intereses personales por encima de la nación. Creó el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, en beneficio de las empresas exportadoras. Promovió una legislación de estímulos a la iniciativa privada. Inició un proceso de administración pública que contemplaba el control por parte del estado de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, cuyo número ascendió entonces a 740.

Creó las secretarías de Turismo y de la Reforma Agraria (antes departamentos). Dio un estilo muy personal a su régimen, que provocó controversias, pues entró en confrontación directa con grupos empresariales y miembros del propio sistema político. Usó un discurso progresista y durante la mayor parte de su período de gobierno no puso restricciones a la libertad de expresión (sin embargo, en 1976 promovería un abrupto cambio de dirección en un importante diario nacional). Al mismo tiempo fue un duro combatiente de la oposición armada que se había generado luego de la derrota del Movimiento Estudiantil de 1968. Ejerció la crítica contra Estados Unidos y fue solidario con las causas democráticas de otros países. Dio asilo político a más de 1,000 chilenos perseguidos por el régimen golpista de Augusto Pinochet, así como a numerosos argentinos y uruguayos que también padecieron persecución política en sus países.

Llevó la voz de México a los foros internacionales y fue promotor de la causa de las naciones del Tercer Mundo. Pugnó en esos foros por un nuevo orden económico mundial, basado en relaciones de justicia. Fue autor de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada en 1974 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Logró la fundación del SELA (Sistema Económico Latinoamericano) organismo destinado a desarrollar la economía de los países de la zona. En 1975 rompió las relaciones con la España de Franco a raíz del asesinato a garrote vil de 5 jóvenes guerrilleros vascos y dio carta de naturalización a los descendientes de los trasterrados españoles que residían en México.

Se manifestó por la suspensión de sanciones a Cuba. En el rubro educativo impulsó la fundación de escuelas agropecuarias, el Colegio de Bachilleres, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Centro de Estudios del Tercer Mundo.

José López Portillo (1976-1982)

El gobierno del Presidente López Portillo inició y concluyó en un ambiente de crisis, si bien durante algunos años se vivió una situación de prosperidad, gracias sobre todo al auge de los ingresos y los empréstitos originados en la explotación petrolera.

El antiguo esquema de desarrollo acelerado llegó a su fin. Las estructuras de éste, inalterables desde los años 40, ya no correspondían a las nuevas exigencias de la economía mundial. López Portillo parecía vislumbrar con claridad los cambios internacionales, puesto que al tomar posesión de la Presidencia prefiguró un escenario que viviría más tarde el país: "...problemas mundiales y necesidades inaplazables de nuestro desarrollo acelerado, nos impusieron una realidad insoslayable: inflación complicada después con recesión y desempleo".

López Portillo, aprovechando la coyuntura internacional (ascenso espectacular del precio del petróleo en 1973, que duró hasta principios de los años ochenta), orientó en gran medida la economía a la explotación de hidrocarburos, con lo que obtuvo recursos para financiar un desarrollo acelerado, mediante grandes empréstitos de la banca internacional.

El crudo se convirtió en el principal renglón de exportación (71%) y el ingreso más fuerte del sector público federal (43%). La tasa de crecimiento de la economía superó a la de la población, con lo que quedaba resuelto el problema del empleo. Pero la mono-exportación alentada por el Estado, traería consecuencias hacia 1981, dado que no cambiaba los lineamientos de su política económica.

La deuda externa que en un principió se contrató para expandir la plataforma petrolera, ahora se contrataba para financiar el pago del servicio de la misma. Comenzó la fuga masiva de capitales y la primera reestructuración de la deuda, problema que se convirtió en nacional (1982), como nacionales fueron los efectos de la política de austeridad que hubo que implantar. La reestructuración de la deuda se heredó al siguiente gobierno, que hizo de ella uno de los objetivos básicos de sus políticas.

Cuando López Portillo nacionalizó la banca (1982) la inflación era de un 98.8% anual y la deuda externa alcanzaba la cifra de 66,000 millones de dólares. A raíz de la nacionalización-estatización se creó un conflicto grave con la clase empresarial. Se planteó el problema de los límites del derecho del Estado a intervenir en la vida económica del país.

Miguel de la Madrid (1982-1988)

La elevada inflación, la gran magnitud de la deuda externa, y el conflicto de la nacionalización bancaria que enfrentó el nuevo gobierno, hicieron que las estrategias económicas de Miguel de la Madrid se enfocaran a controlar el proceso inflacionario y a reestructurar la deuda externa.

Se aplicaron políticas coincidentes con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tendientes a reducir el gasto público mediante el adelgazamiento del Estado (las 1,155 empresas paraestatales se reducen a 697), y a controlar los salarios. Conforme a esos lineamientos, se diseñó un programa económico de bloques para asegurar el apoyo de los obreros, campesinos y empresarios en su tarea de superar la crisis. Acontecimientos de gravedad ocurridos durante el período fueron la caída de los precios internacionales del petróleo y los terremotos de septiembre de 1985, que devastaron la Ciudad de México.

El proyecto modernizador (1988-2000)

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)

El presidente Carlos Salinas de Gortari profundizó la política de su antecesor, que en buena parte había sido diseñada por él desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, a su cargo durante el gobierno de Miguel de la Madrid. La meta de su gobierno fue la modernización del país para incorporarlo a un mercado internacional cada vez más dinámico y abierto, y adecuarlo a las condiciones de la economía mundial: libertad de precios, apertura comercial, liberación de las relaciones laborales y disminución del papel del estado en la economía y en la sociedad.

Para conseguir el paso de una economía de mercado cerrado y protegido a otra de mercado abierto al mercado internacional, Salinas tuvo que modificar las bases no sólo económicas, sino políticas y jurídicas del Estado mexicano. Privatizó la banca y procedió a la venta masiva de numerosas empresas paraestatales. En 1990 se renegoció la deuda externa con la banca internacional.

Por medio de reformas a la Constitución, se dio un giro a la política gubernamental y al propio perfil del Estado. Por ejemplo, a través del artículo 130, se reconoció jurídicamente a las iglesias; y, con la reforma al 27, la más debatida, se modificó el régimen de propiedad en el campo y los procesos de organización y producción agrícolas. Con el cambio se transformó la propiedad social del ejido y la comuna en individual, permitiendo a los ejidatarios el derecho sobre sus parcelas, que podrían ser vendidas o rentadas a partir de la nueva legislación. Salinas de Gortari puso así fin a la Reforma Agraria tradicional y a la economía mixta, a las estructuras del antiguo modelo benefactor que había funcionado durante medio siglo. Como elemento compensatorio, instrumentó el programa asistencial y de promoción del desarrollo denominado "Solidaridad", de vasta repercusión en el medio rural y en los sectores sociales de mayor pobreza. Modificó los controles corporativos sobre la sociedad y dio paso al inicio de una competencia pluripartidista y a un cambio profundo en la relación entre Estado y sociedad.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio (1994), se hizo posible la inserción de México en el bloque económico más importante del mundo (Estados Unidos y Canadá) y se alcanzó una de las metas gubernamentales clave del período: establecer un nuevo modelo de desarrollo económico, de abierta competencia en el escenario internacional.

El cambio en el modelo de desarrollo, si bien necesario, vulneró sectores nacionales de pequeña y mediana empresa que no estaban en condiciones de entrar en ese proceso de abrupta competencia externa. Por otro lado, al poner fin al cooperativismo, con frecuencia los trabajadores quedaron al margen de la protección del Estado y de sus propias organizaciones. El modelo planteó la necesidad de una política de estímulos a la industria nacional y de distribución del ingreso de mayor beneficio social.

El fin del período de Salinas de Gortari se caracterizó por sucesos de gran impacto político, como la aparición de un movimiento armado indígena en el estado de Chiapas (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), la creciente presencia de las organizaciones opositoras (partidos, asociaciones, organizaciones no gubernamentales); y el asesinato de prominentes personajes políticos, contextualizado en la lucha de grupos criminales organizados. La competencia entre partidos se intensificó. No obstante, la modernización económica fue mucho más acelerada que la modernización política. La Reforma del Estado, que figuró como una premisa del proyecto de gobierno, apuntó con preeminencia a los aspectos económicos y administrativos.

Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000)

Inició su gestión con una devaluación importante del peso mexicano. Asumió y aceleró las transformaciones del sistema político y de la Reforma del Estado anunciadas durante el régimen del presidente Salinas.

Los puntos centrales de su gobierno han consistido en un riguroso control de la inflación y del gasto público; un reordenamiento de la economía, un pago escrupuloso de la deuda externa y una política selectiva de fomento a la industria y al comercio, en la que han destacado los estímulos a la actividad exportadora.

En lo político, en 1995 el presidente Zedillo suscribió un pacto con los principales partidos del país para llevar a cabo una reforma electoral y política (poderes públicos, federal y régimen del Distrito Federal). Como consecuencia, el Instituto Federal Electoral (IFE) se separó del Poder Ejecutivo Federal y adquirió autonomía, como garantía de imparcialidad en el manejo de los asuntos electorales. En las elecciones de 1997, organizadas y vigiladas por ese organismo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el control en el Distrito Federal, que pasó a ser gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Se creó así una nueva correlación de fuerzas. En la Cámara de Diputados (LVII Legislatura), a partir de 1997 y hasta agosto de 2000, predominó la oposición con 261 escaños contra 239 del PRI. De los 261, 125 correspondieron al PRD; 121 al Partido Acción Nacional (PAN); 8, al Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y 7, al Partido del Trabajo (PT). En el Senado, el PRI tuvo la mayoría: 77 senadores contra 33 del PAN, 16 del PRD, 1 del PT y 1 del PVEM (en realidad, cambios de partido de algunos representantes, modifican las cifras originales).

En 1998 entró en vigencia la Ley de Participación Ciudadana. Además, con el reajuste de las fuerzas políticas, y el mejoramiento sustancial de las instituciones electorales y sus procedimientos, Ernesto Zedillo entregará la Presidencia en diciembre de 2000, con base en la elección más abierta y más competida en la historia de México. Con las elecciones de julio de 2000, el panorama que se abrió fue inédito, al ganar la Presidencia el Partido Acción Nacional y su candidato Vicente Fox (primera vez desde 1929 que el Partido Revolucionario Institucional pierde esa importante posición). En la promoción de un proceso legal y pacífico ha radicado una de las principales aportaciones del gobierno zedillista.

Los retos que se presentan al término del sexenio son entre otros, una transición al nuevo período de gobierno sin desequilibrios financieros y una consolidación de la reforma política con estabilidad y paz social. Aspectos sobresalientes para el siguiente gobierno son la consolidación de los logros alcanzados hasta hoy en el nivel macroeconómico, y la intensificación de políticas de redistribución del ingreso, desarrollo regional y social más equilibrado; y combate a la inseguridad pública y el narcotráfico.

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