lunes, 31 de marzo de 2014

Laicismo


Educación y Laicismo

Educación y laicismo son dos conceptos que en la vida del pueblo mexicano aparecen íntimamente ligados, a partir del 5 de febrero de 1917 cuando fue promulgada la constitución política, que recogió y elevó a nivel de ley suprema las principales aspiraciones populares que dieron origen a la Revolución Mexicana de 1910.

Fue en el artículo 3º de esta constitución, donde quedó establecido que toda la educación pública esto es, la educación que estuviera a cargo del estado en sus tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal sería laica y en cuanto a la educación impartida por los particulares, sólo sería laica la educación primaria; disponiéndose además, que ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrían establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.

Así nacía formalmente el laicismo educativo en nuestra Patria, que viene a ser uno de los principios fundamentales que son garantía de las libertades del pueblo mexicano.

Al reclamar, aún de los particulares, que la educación primaria que impartieran fuera laica y al prohibir en ella todo tipo de participación de carácter religioso, se estaba cuidando que a partir de entonces las nuevas generaciones, empezando desde la infancia fueran formadas en el marco de una educación completamente desligada de cualquier doctrina religiosa; quedando por lo tanto atender un aspecto tan importante en el ámbito de los derechos del ser humano, como lo es la formación religiosa, a elección libre y bajo la responsabilidad de cada familia.

La escuela atendería la educación y la familia y las iglesias atenderían la religión.

Siendo que a partir de 1917 es cuando aparece de manera formal el laicismo en nuestra educación, podemos afirmar que es algo relativamente nuevo en la vida del pueblo mexicano, pues cuenta apenas con 86 años de existencia; y sin embargo en tan corto tiempo, como veremos más adelante, ha experimentado diversos cambios y vaivenes, como lo revelan las reformas sufridas por el artículo 3º constitucional.

Hoy en día cualquier persona del pueblo puede repetir mecánicamente que la educación que imparte el Estado debe ser laica y gratuita; y obligatoria en los niveles de primaria y secundaria, y próximamente también en preescolar; pero en la mayoría de los casos no tenemos mayor información al respecto.

El propósito de este trabajo es ahondar un poco más en lo que se refiere a la información que sobre la laicidad de la educación poseemos.

Para adentrarnos en el contenido sustancial de nuestro tema, es preciso partir del concepto universalmente aceptado acerca de lo que encierra el término laicidad, y de la aplicación que en diferentes épocas se le ha dado.

¿Es posible que en alguna época la iglesia católica haya sido laica, y que en alguna ocasión haya esgrimido en su defensa el principio del laicismo?. La respuesta es afirmativa.

Esto sucedió a fines del siglo V, época en que se concebía la existencia de dos grandes poderes que procedían de Dios: el poder religioso y el poder político.

Al presentarse el conflicto entre ambos, por la invasión del poder político del emperador hacia la esfera del poder religioso de la iglesia, el Papa Gelasio I reclamó la autonomía del ámbito religioso,  y mediante la redacción de un tratado y algunas cartas, expuso la “Teoría de las dos Espadas”, en alusión a los dos poderes en conflicto, ambos del mismo origen, pero con diferente campo de acción.

El Papa Gelasio I fijó así, por vez primera y para casi siete siglos una clara postura laica, que reclamaba la no injerencia de lo político en los asuntos religiosos.

Posteriormente, cuando el poder de la iglesia se consolidó y se convirtió a su vez, en el invasor de la esfera política, el principio del laicismo fue invocado entonces por el poder político para preservar su autonomía frente al poder religioso.

Se habían invertido los papeles, pero el principio invocado, seguía siendo el mismo.

Pero no se piense que sólo en lo concerniente a la relaciones entre los poderes religioso y político ha operado el principio del laicismo, pues también lo han esgrimido para defender su autonomía, tanto la filosofía como la ciencia.

Así tenemos que el Monje Franciscano Guillermo de Occam, en la primera mitad del siglo XIV, cuando el obispo de París hacía una condena de algunas proposiciones, que en el terreno de la filosofía había elaborado Santo Tomás, las reivindicó enérgicamente diciendo: “ Las aserciones principalmente filosóficas que no conciernen a la Teología, no deben ser condenadas o interdictas por nadie, ya que en ellas cada uno debe ser dueño de decir libremente lo que guste”.

Por su parte Galileo Galilei, en el siglo XVII con base en el principio del laicismo, defendió la autonomía de la ciencia, contra los límites y los obstáculos opuestos por la autoridad eclesiástica.

Tanto Galileo respecto de la ciencia, como Guillermo de Occam respecto de la filosofía, hicieron con base en el principio del laicismo, una vigorosa defensa de la autonomía de sus respectivos campos, frente al poder de la iglesia.

En un sentido amplio, por laicismo se entiende “ El principio de la autonomía de las actividades humanas; o sea la exigencia de que tales actividades se desarrollen según reglas propias, que no les sean impuestas desde fuera, con finalidades e intereses diferentes a los que ellas mismas se dan”.

Siendo universal, el principio de laicidad puede ser invocado en defensa de cualquier actividad legítima, o sea cualquier actividad que no obstaculice, destruya o imposibilite el desarrollo  de ninguna de las otras.

En México, el laicismo se da como consecuencia de las ideas liberales que dieron origen al proceso histórico de la Reforma, marcándose como momento clave para su existencia el de la separación de los poderes eclesiástico y civil; esto es, la separación de la Iglesia y del Estado.

Pero antes de cualquier otra referencia, hagamos una breve revisión de los antecedentes de la etapa histórica de la Reforma.

Consumada la independencia y promulgada tres años después la Constitución Federal de 1824; por virtud de ella quedaba reservado  al Congreso Federal el ejercicio del Patronato, que anteriormente había sido el derecho concedido por el Papa, para que el monarca español ejerciera en América el poder sobre los asuntos eclesiásticos. Ahora lo ejercería el Congreso Federal. Así mismo, constitucionalmente se facultaba al Presidente de la República para celebrar concordatos, esto es acuerdos del Estado Mexicano con el Papa en asuntos eclesiásticos.

Como puede verse, existía entonces una total ausencia de laicidad, pues el Estado asumía funciones que en todo caso corresponderían a la esfera religiosa; y por otra parte, la iglesia seguía como titular de acciones y funciones puramente civiles, como consecuencia de que se mantenía intacta la estructura social y económica de la Colonia; misma que resultaba anacrónica pues era incongruente con el nacimiento de la República Federal; fundada sobre esa inconveniente estructura de la cual la iglesia era la más completa encarnación.

La Reforma, proceso revolucionario de casi 40 años, dirigido más que a combatir a la iglesia, a cambiar las estructuras anacrónicas existentes, tiene en el Dr. José María Luis Mora su más importante precursor.

En 1831, el Congreso del Estado de Zacatecas convocó a un concurso para definir si la autoridad civil podía expedir leyes sobre asuntos administrativos eclesiásticos, gastos de culto y contribuciones para sostenerlo; así como determinar si se requería del consentimiento del clero para ello, y si dichas leyes serían facultad de los Estados o del Congreso General.

La tesis que para este concurso presentó el Dr. Mora fue decisiva.

En ella establecía la diferenciación de la Iglesia y del Estado bajo la premisa de “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

Mora sostenía que “por naturaleza, son civiles y temporales los bienes denominados eclesiásticos”. “La perfección de la iglesia no se afecta si ésta carece de bienes; la iglesia como poseedora, no es cuerpo místico, sino asociación política y como tal, el mayor derecho que puede alegar es el de la propiedad”. “ Los gobiernos civiles deben tener como propósito fundamental mantener el orden social, sin importarles la protección de una u otra religión. Así como sería absurdo afirmar que la iglesia no puede existir en una u otra forma de gobierno, lo sería el decir que no puede haber gobierno sin una determinada religión. A la iglesia le es ajena la forma de gobierno que adopten las naciones; a la potestad civil le es ajena la religión que posean sus súbditos”.

Recordemos que estas avanzadas ideas las expresaba el Dr. José Ma. Luis Mora en el año de 1831; 28 años antes de las Leyes de Reforma. Por eso fue su más grande precursor.

En 1833 durante el gobierno liberal de Don Valentín Gómez Farías, se aborda en lo general el problema de las relaciones Estado-Iglesia y se hacen los  primeros intentos reformistas.

Ante el escrupuloso respeto y apego que Gómez Farías tenía por la Constitución de 1824, que era la que entonces estaba vigente, Don José Ma. Luis Mora expresó en una de sus obras lo que viene a ser un resumen anticipado de la legislación de Reforma de 1859, y una clara invocación al principio del laicismo, cuando escribía: “De la Constitución, se debe hacer también, que desaparezca cuanto hay en ella de concordatos y patronato. Estas voces suponen al poder civil investido de funciones eclesiásticas y al eclesiástico de funciones civiles; ya es tiempo de hacer que desaparezca esta mezcla monstruosa, origen de tantas contiendas. Reasuma la autoridad lo que le pertenezca: aboliendo el fuero eclesiástico, negando el derecho de adquirir  “ las manos muertas”, disponiendo de los bienes que actualmente poseen, substrayendo de su intervención el contrato civil del matrimonio, etc.; y dejen que nombren curas y obispos a los que les gusten, entendiéndose con Roma como les parezca”.

Poco duró la euforia reformista de Don Valentín Gómez Farías, pues las clases privilegiadas o conservadoras: clero, milicia y aristocracia, derrocaron su gobierno, lo tomaron en sus manos y anularon las reformas realizadas, adueñándose del poder por un espacio de 20 años, de 1834 a 1854.

Al recuperar el poder los liberales con el triunfo del  “Plan de Ayutla,” se dan las reformas moderadas de las administraciones de Don Juan Álvarez y Don Ignacio Comonfort, de 1855 a 1857.

El 5 de febrero de 1857 se promulga la Constitución liberal, que incluía un capítulo con los Derechos del Hombre y el sistema jurídico para su protección o garantías individuales, pero que se caracterizaba todavía por ser de una tendencia liberal moderada.

Aún así, en el aspecto educativo, con esta constitución se daba un gran paso; pues en su artículo 3º quedaba elevada a rango  constitucional la libertad de enseñanza, con lo que se rompía el monopolio hasta entonces ejercido por la iglesia católica. Ahora la enseñanza sería libre, y la podían impartir por lo tanto, no sólo la iglesia como había sido siempre, sino también el Estado y los particulares.

Debe quedarnos claro que en la Constitución de 1857, aún no aparecía el principio del  laicismo; ni respecto a la educación, ni respecto al Estado.

Promulgada esta Constitución, la reacción de los conservadores provocó la “Guerra de tres años”; siendo entonces cuando en medio de este conflicto Juárez como Presidente Interino Constitucional, lanza desde Veracruz, el 7 de julio de 1859, el Manifiesto a la Nación en el que  proclama la reforma completa y radical.

Dato interesante es el hecho de que de las 174 leyes producto de la etapa de la reforma, 126 corresponden a la administración de Don Benito Juárez.

Para el objeto de este trabajo, nos interesa de manera especial la “Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero Secular y Regular”, del 12 de julio de 1859, porque contiene en su artículo 3º la disposición que establece la separación del Estado y de la Iglesia, misma que es elevada al rango constitucional, junto con las demás Leyes de Reforma, mediante Ley del 25 de septiembre de 1873, que en su Artículo 1º  establecía: “El Estado y la iglesia son independientes entre sí. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna”.

Aparece hasta este momento la figura jurídica del Estado Laico, el 25 de septiembre de 1873; 16 años después de la Constitución de 1857. Nacía  el Estado laico, un Estado sin una religión obligatoria para nadie, sin una religión oficial; un Estado que respetaría por igual a todas las creencias, un Estado donde todos los mexicanos tendrían el derecho de profesar la religión que más les agradara, sin temores de persecución o prohibición alguna.

Creemos que no ha sido ocioso referirnos al largo proceso para llegar a la concepción laica del Estado Mexicano, ya que solo así puede entenderse de mejor manera el advenimiento del principio de laicidad en la educación; que como ya lo dijimos aparece hasta en 1917 contenido en el artículo 3º constitucional; cuya vigencia tiene una duración de 17 años, hasta que durante el Gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas es sometido a la primera reforma.

Esta Reforma Cardenista, publicada el 13 de diciembre de 1934, establecía en el Artículo 3º la Educación Socialista, y disponía que sería laica toda la Educación Pública; la cual comprendería los grados de primaria, secundaria y normal; extendiéndose la exigencia de laicidad también a la de cualquier tipo o grado dirigida a obreros o campesinos, así como a la impartida por los particulares autorizados por el Estado para atender tanto la educación primaria y secundaria, como la normal.

Respecto a las prohibiciones se establecía que no podrían intervenir en forma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales, ni apoyarlas económicamente las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realizaran actividades educativas y las asociaciones o sociedades ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo religioso.

Esta es la reforma más radical, que en cuanto a la laicidad educativa ha estado vigente en México. Su vigencia fue de 12 años.

La siguiente reforma al artículo 3º se da el 30 de diciembre de 1946, realizada durante el gobierno del Gral. Manuel Ávila Camacho; misma que suprimió la Educación Socialista y redujo la intensidad del aspecto laico; pues establecía la laicidad sólo en la Educación Pública, enfatizando la libertad de creencias garantizada por el Artículo 24 constitucional, en atención a la cual el criterio que orientaría a la educación se mantendría por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa.

En cuanto a las prohibiciones, establecía que las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que, exclusiva o predominantemente realizaran actividades educativas y las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso, no intervendrían en forma alguna en planteles en que se impartiera educación primaria, secundaria y normal, o la destinada a obreros y campesinos.

Sin exigir la laicidad en la educación impartida por los particulares, cuando menos todavía prohibía la intervención en las escuelas, incluyendo las privadas, de corporaciones y sociedades de carácter religioso.

Esta reforma permanece vigente por 46 años, hasta que el 28 de enero de 1992 y el 5 de marzo de 1993, el gobierno del Lic. Carlos Salinas de Gortari realiza las últimas reformas.

La reforma salinista trae como consecuencia que SOLO LA EDUCACIÓN QUE IMPARTA EL ESTADO SERÁ LAICA, y por lo tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Comprendiendo dicha educación: la inicial, la preescolar, la primaria, la secundaria, el bachillerato, la superior, la especial y la de adultos.

Los particulares podrán impartir también todos estos niveles y tipos de educación, pero con la salvedad de que ellos NO ESTÁN OBLIGADOS A CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE LAICIDAD, quedando facultados legalmente para incluir la doctrina religiosa y la propaganda del credo que gusten, en sus enseñanzas,

Al haber sido derogadas las prohibiciones que contenía el Artículo 3º anterior, implícitamente quedan facultados para intervenir en cualquier forma,  en los planteles de cualquier tipo y modalidad de educación particular las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que, exclusiva o predominantemente realicen actividades educativas y las asociaciones ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso.

Este Artículo 3º continúa vigente, es el que actualmente rige nuestra educación, y es también el que en cuanto a contenido laico, registra la mayor pobreza en la historia del laicismo educativo en México, ya que derribó todas las barreras existentes, destinadas a mantener a la educación por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

Hasta aquí hemos realizado una breve revisión del proceso histórico por medio del cual el laicismo educativo quedó establecido en México, así como un rápido análisis de las reformas realizadas al artículo 3º constitucional y que afectan directamente el grado de intensidad del laicismo manifiesto en su contenido.

Ahora nos referiremos a algunos aspectos relacionados con la situación actual de nuestro laicismo educativo, mencionando en primer lugar algunas ideas que en torno a este tema se han expresado.

En un concepto menos amplio que el expuesto al inicio de este trabajo, se ha dicho que “La laicidad es un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas principalmente por la soberanía popular, y no por elementos religiosos “.

Indudablemente que con esta afirmación se refuerza la idea acerca de lo que es el Estado laico, aunque actualmente en nuestro país se pasa por un momento de confusión, cuando los titulares de la función pública sin recato alguno hacen ostentación de sus preferencias religiosas, sin preocuparse de que con ello atentan en contra de las consideraciones de igualdad en el plano religioso, de las personas que profesan confesiones diferentes a las suyas.

En cambio, la educación laica respeta todas y cada una de las religiones y sectas religiosas existentes en México; pues en la escuela pública no se investiga para nada cuál es la religión que profesan los alumnos, ni se hace referencia a creencia alguna con intención de inducir rechazo, reprobación o preferencia en particular.

La educación se mantiene por completo ajena a cualquier doctrina religiosa, de tal manera que se garantiza con ello la plena libertad de creencias que establece el artículo 24º constitucional; y precisamente por esa facultad que tenemos los mexicanos de elegir libremente la creencia religiosa que más nos atraiga o de no elegir  ninguna, resulta muy conveniente que en un ámbito de convivencia diaria de miles y miles de niños y jóvenes, como lo es la escuela, no se toque para nada algo tan sensible y actualmente tan diverso como lo son las creencias religiosas,

Es ésta una forma de propiciar  la convivencia armónica tanto de los estudiantes como de sus familias, puesto que lo que se presente en la escuela es algo que repercute de manera importante en el seno familiar, sobre todo si llegara a tratarse de algo tan privado y exclusivo como lo son las cuestiones religiosas.

El laicismo educativo propicia esa sana relación entre las generaciones en formación, que libremente y sin preocuparse por algo que no tiene posibilidades ni necesidad de ser sacado a análisis, discusión o crítica en las aulas, cada quien en lo más profundo de su fuero interno lo atesora y lo disfruta, sabiendo  que tiene otros espacios dentro de la vida social, donde con toda propiedad puede realizar las manifestaciones externas de sus convicciones, sin ofender a nadie y sin exponerse a críticas o señalamientos. En la escuela el estudio y la convivencia profana y en los templos el culto y la veneración a la divinidad conforme a los dictados propios de su confesión religiosa.

Esta es en suma, la caracterización del laicismo educativo que se vive en las escuelas públicas de México; pero no todas las aguas son mansas en este cauce, pues existen las aguas broncas que por inconciencia o por mala fé, pretenden agitar torrentes que históricamente ya tomaron su nivel.

Así, escuchamos voces que se pronuncian porque la educación religiosa que se imparte en algunas instituciones educativas privadas, sea transplantada también a las escuelas públicas, argumentando que sólo de esa forma se pueden afianzar en las nuevas generaciones, valores morales que ayuden a mejorar la convivencia y la conducta de los seres humanos, para evitar tantos problemas sociales como los que se están padeciendo actualmente.

Tal parece que ellos olvidan o ignoran todo lo que hemos comentado en este trabajo y suponen, que como en los siglos del XVI al XVIII y gran parte del XIX, en México sólo existe la religión católica; de otra manera cómo explicaríamos su propuesta de enseñar religión en las escuelas públicas, cuando sabemos que precisamente por ser públicas, acuden estudiantes de diferentes religiones; ¿A cuál se le daría preferencia en perjuicio y negación de las demás, sin ofender y violar uno de los derechos más importantes del ser humano?. Definitivamente eso no es posible sin abrir heridas y provocar resentimientos en un ambiente como lo es la escuela, en el que a pesar de sus carencias y limitaciones, se ha gozado de una envidiable y perfecta armonía en lo que a este aspecto se refiere.

¿Para  qué derrumbar lo que se tiene, queriendo edificar en su lugar algo, que fue propio de una época ya superada y que por las circunstancias actuales ya no es congruente ni tiene cabida?

En apoyo de la forma en que nuestro laicismo educativo viene desarrollándose, cerramos el presente trabajo, citando el artículo 2º de la “DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE INTOLERANCIA Y DISCRIMINACIÓN FUNDADAS EN LA RELIGIÓN O LAS CONVICCIONES” (Nueva York , 25 de noviembre de 1955): Art. 2º .1.Nadie será objeto de discriminación por motivos de religión, o convicciones por parte de ningún Estado, institución, grupo de personas o particulares. 2. A los efectos de la presente Declaración, se entiende por “intolerancia y discriminación basadas en  la religión o las convicciones” toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

José Balboa Maldonado.


Democracia y laicismo
Democracia y laicismo son binomio indivisible. La democracia o es Laica o no es democracia.
La historia de la nación mexicana consigna la lucha permanente de nuestro pueblo por alcanzar la República Laica y democrática
La separación del Estado y la Iglesia en nuestro país es un hecho histórico que se transformó en un logro irreversible de la Constitución
Manuel Jiménez Guzmán
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la síntesis de nuestra historia y el proyecto de nuestra nación en el siglo XXI.
La Carta Magna es nuestra Ley Fundamental, nuestra estructura jurídico-social de convivencia ciudadana y nuestro sustento institucional del Estado mexicano, conformada por un conjunto de normas y principios fundamentales que dan base a nuestra formación como nación, a las relaciones entre los poderes públicos y la vida de los individuos frente al Estado de derecho, consagrando las garantías individuales y los derechos sociales de nuestro pueblo.
ANTECEDENTES
En la historia de México se registran las luchas y el pensamiento de nuestro pueblo para avanzar en la conformación del Estado de derecho que garantice las libertades, los derechos humanos y la justicia social, que conforman el sustento de una República Laica, democrática, soberana, popular y representativa.
Desde mi adolescencia, en la escuela pública donde fui educado, me incorporé a las filas de la lucha social popular que ha enarbolado la defensa y construcción del Estado Laico mexicano.
Mi experiencia personal me llevó a militar en las filas de la masonería mexicana, del Partido Revolucionario Institucional, y de las organizaciones estudiantiles, juveniles y democráticas de izquierda, cuyos programas ideológicos, filosóficos y políticos confirmaron mi convicción republicana y democrática, como ciudadano y libre pensador.
He defendido al Estado Laico mexicano, convencido de que la libertad, la equidad social, la democracia, la soberanía y la independencia constituyen la esencia del laicismo en el mundo y el México de nuestra historia y de nuestro presente.
Viendo hacia el futuro y hacia adelante, he luchado por la República Laica
En toda mi vida política he dejado testimonios. Como Presidente de la sociedad de alumnos de la secundaria 17 “Constitución de 1857”, como dirigente juvenil del PRI en el Distrito Federal, como diputado federal en tres ocasiones, como representante a la Asamblea Legislativa del DF en un par de veces, como militante y cuadro dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, como Presidente del PRI en la ciudad de México, como presidente de la I Asamblea Legislativa de la capital de la República, como servidor público en el área educativa del gobierno de México, como Gran Maestro de la Gran Logia Valle de México, como presidente de la confederación de Grandes Logias Regulares de la República mexicana, como presidente de la zona I de la Confederación Masónica Interamericana, como Grado 33 activo del Supremo Consejo de México de la Masonería Filosófica, como catedrático de la UNAM y en mi vida cotidiana.
He defendido al Estado Laico en el debate parlamentario e ideológico, en la lucha social y política, en el trabajo académico y masónico, en el ejercicio del gobierno, como militante y como ciudadano
Sólo baste recordar el debate parlamentario en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, cuando reiteramos nuestra posición en defensa de la República Laica y de sus principios y los testimonios escritos durante los últimos 30 años en documentos públicos, en donde me he definido como un hombre de convicciones y principios, aliado a las corrientes históricas del laicismo universal y de nuestro país.
Nuestros enemigos se han organizado en fuerzas históricas que hoy nuevamente desafían al Estado laico y que conforman las nuevas corrientes retrógradas y oscurantistas, conservadoras, revanchistas y fundamentalistas.
Por ello afirmo, en este libro, que no bastan los postulados, que son letras muertas, cuando todos los días se violenta el Estado de derecho mexicano.
Los liberales y demócratas no somos antirreligiosos, por el contrario, respetamos y defendemos las creencias religiosas y la fe de la gente, afirmando que el tercer milenio garantiza la diversidad y la pluralidad.
Estamos en contra de pensamientos hegemónicos y únicos, de religiones de Estado, de convicciones excluyentes porque van en contra del ascenso de la humanidad en el tercer milenio.
El pueblo de México luchó por un Estado Laico, que significa el respeto a las creencias individuales y la conformación de un Estado de derecho que debe garantizar todas las libertades, los derechos humanos, la tolerancia, el respeto y el advenimiento de una sociedad justa y equitativa.
El laicismo está en lo cotidiano, en la vida diaria, forma parte de nuestro entorno.
Vale la pena recordar que el laicismo nace en el mundo contemporáneo. En este último siglo y medio, nuestro país y el mundo accedieron a la República Laica.
Un ejemplo ilustra lo anterior: en México todos los niños y las niñas, los adolescentes y los jóvenes, tienen acceso a la educación por medio de la ciencia y el conocimiento y no de los prejuicios y los dogmas.
En palabras simples, esto es laicismo.
HISTORIA CONSTITUCIONAL
Democracia y laicismo son binomio indivisible. La democracia o es Laica o no es democracia.
La historia de la nación mexicana consigna la lucha permanente de nuestro pueblo por alcanzar la República Laica y democrática.
En la historia constitucional hemos logrado incluir elementos fundamentales del Estado Laico, pero aún falta consagrar el concepto laico a la República. Y ahí nuestra propuesta.
Nuestra actual Ley Fundamental establece valores Laicos irrenunciables y de indudable vigencia y validez.
La educación laica, ajena a cualquier doctrina religiosa y basada en los resultados del progreso científico, ajena a servidumbres y fanatismos; la libertad de creencias y pensamientos que nos otorga el respeto a nuestro derecho de creer o no creer; la soberanía republicana que radica no en una concepción de lo divino, sino en el pueblo; la separación del Estado y la Iglesia; la no intervención de las iglesias en asuntos políticos y del Estado; los derechos humanos y el régimen liberal, democrático y de libertades.
Al radicar la soberanía en el pueblo, se consolida el Estado Laico
Lo anterior es resultado de nuestra historia constitucional que costó vidas humanas, sacrificios, confrontaciones, guerras intestinas e intervenciones extranjeras, incluyendo la pérdida de más de la mitad del territorio nacional.
Fue el macizo carácter y la recia voluntad del pueblo de México los que hicieron posible el surgimiento de la República Laica y democrática de nuestros días, siendo el sustento del Estado de derecho moderno surgido de la Revolución Popular de Independencia, de la Reforma y de la Revolución Mexicana.
En nuestra historia constitucional, se inscriben los debates parlamentarios que dieron origen a lo que los Constitucionalistas denominan “Los principios fundamentales”, entre los cuales el común denominador de las diversas posiciones ideológicas de entonces fue dejar construido un sistema de libertades, que garantizara tolerancia y respeto a todas las ideas, creencias y cultos.
BREVE RECUENTO HISTÓRICO
Las reflexiones anteriores serían suficientes para reconocer que de manera natural el concepto Laico de la República no es extraño, por lo que llegó el momento de incorporarlo en el texto Constitucional de nuestro tiempo.
Es decir, hacerlo explícito garantizará a la República su vigencia y la salvaguarda de los derechos humanos y las libertades.
Vale la pena recordar algunos elementos de nuestro pasado:
La historia anterior a la Independencia de 1810, nos demuestra que en el imperio español no se ejerció el voto; el gobierno era del rey, por el rey y para el rey. El rey nombraba a sus virreyes, los cuales gobernaban en su nombre; esta fórmula autocrática se aplico férrea e inapelablemente a todos los demás miembros del gobierno, ya fueran designados por el rey o por algunos de sus subalternos. En suma, toda autoridad emanaba del rey, todo acto de gobierno se ejerció en su nombre, y todo impuesto colectado se destinaba a su persona. Puede afirmarse que en la Nueva España la democracia no se practicaba en ninguna forma.
La jerarquía católica tenía a su cargo el registro de los nacimientos, los matrimonios y las defunciones como sacramentos y no como actos administrativos de un Estado civil. En México no existían actas de nacimiento; todo nacimiento se comprobaba con una “fe de bautismo”; si el individuo no había sido bautizado, carecía de identidad legal; para la sociedad era un marginado sin estatus alguno; era como si la persona no hubiera nacido, aunque hubiera existido. Lo mismo puede decirse de las actas de matrimonio y defunción. Si una pareja no cumplía con el sacramento del matrimonio, todos sus hijos eran bastardos. Si los familiares del difunto no acudían al curato a registrar su muerte y a pagar por el entierro, no podía ser sepultado “en sagrado”. De hecho, tal fue la causa de la polémica sostenida entre el liberal Melchor Ocampo y un obispo de Michoacán poco antes de 1857.
Por ser demasiado largo y complejo el proceso de separación entre Estado e Iglesia, así como extensa la descripción del desarrollo de los instrumentos constitucionales que dieron origen a la separación de poderes que nos ocupa, nos restringiremos sólo a señalar de manera sucinta la ruta crítica que sigue esta trascendente separación.
La ruta comienza en la Época Colonial, pasa luego por el difícil periodo de la Independencia, sufre transformaciones con la Constitución de 1824, las primeras Leyes de Reforma promulgadas por Gómez Farías, la Ley Juárez, la Ley Lerdo, la Constitución de 1857, las Leyes de Reforma promulgadas por Juárez y, finalmente, concluye en la Constitución de 1917.
Vale recordar que José María Morelos, en lo que se elaboraban los proyectos de una Constitución, presentó un documento que tituló Los Sentimientos de la Nación, expuestos el 14 de septiembre de 1813, y en sus 23 puntos se encuentran las ideas fundamentales del origen de nuestra Independencia. Es el compendio insurgente de las circunstancias de ese momento que requerían de una profunda transformación política, económica, social y cultural.
El punto a destacar es el que señala: “Que América es libre e independiente de España y de toda otra Nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones”.
En Chilpancingo, el 14 de septiembre de 1813, es proclamada la idea de que “la soberanía dimana inmediatamente del pueblo”, estableciéndose en este documento referido.
Éste es el origen del Estado Laico de nuestros días
Así, durante varios meses Morelos, reunido con el Congreso, preparó la Constitución que fue sancionada en Apatzingán el 22 de Octubre de 1814 denominada “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”.
La Constitución de 1824 inaugura a la República federal con sus 19 estados y cuatro territorios y fue sancionada por el Congreso Constituyente reiterando que la Nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia.
LA REFORMA, UN PARTEAGUAS
En esta etapa nacen las Leyes de Reforma, en donde se convierte en Ley que el Estado ejerce el derecho de patronato eclesiástico y se realiza la abolición de los fueros militares y eclesiásticos.
La época de la Reforma tiene su inicio a partir de la Revolución de Ayutla de 1854.
Se puede consignar que la Constitución de 1857 surge como resultado de distintos documentos, debates, Decretos y Leyes.
En un breve resumen podemos señalar los siguientes antecedentes: del resultado del Congreso Constituyente, del decreto de fecha 26 de abril de 1856 que suprime la coacción civil de los votos religiosos, de la desamortización de los bienes eclesiásticos del 5 de junio de 1856, del decreto del mismo año que suprime la Compañía de Jesús en nuestro país, de los debates surgidos en la brillante generación de liberales mexicanos, así como también de la Ley de las iglesias sobre derechos y obvenciones parroquiales del 11 de abril de 1857.
Es importante recordar el Artículo 27 de la Constitución de 1857 referente a la desamortización de los bienes eclesiásticos, que señalaba: “La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento si no por causa de utilidad pública y previa indemnización. La Ley determinará la autoridad que deba hacer la expropiación y los requisitos con que ésta haya de verificarse. Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación y objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata o directamente al servicio u objeto de la Institución”.
Por otro lado, no se puede olvidar el pensamiento constitucionalista de la Constitución de 1857, que mantiene principios fundamentales como que la igualdad será de hoy en adelante la gran Ley de la República, que el domicilio será sagrado, que la propiedad es inviolable.
Con esta Constitución nace la República liberal, democrática y federal, estableciendo la igualdad de todos los mexicanos ante la Ley, prohíbe la esclavitud, decreta la libre enseñanza y la libertad de pensamiento, de prensa y de trabajo.
Las Leyes de Reforma promulgadas por Benito Juárez durante su gobierno fueron incorporadas hasta 1872 a la Constitución de 1857; estas Leyes son: Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos; Ley de Matrimonio Civil; Ley Orgánica del Registro Civil; Ley sobre el Estado Civil de las personas, decreto que declara que cesa toda intervención del clero en cementerios y camposantos, el decreto que declara qué días han de tenerse como festivos y prohíbe la asistencia oficial a las ceremonias de la iglesia; la Ley sobre libertad de cultos, el decreto por el que quedan secularizados los hospitales y los establecimientos de beneficencia y, decreto por el que se extinguen en toda la República las comunidades religiosas.
Este macizo histórico, en nuestra historia constitucional es la base fundamental de un parteaguas en la construcción del sistema político, social, educativo y económico del México del tercer milenio.
Benito Juárez es indudablemente un mexicano universal. Su obra, su pensamiento, su ejemplo es permanente.
Juárez es nuestra fuerza y símbolo, es aquí y ahora que cobra vigencia.
Traer a Juárez al siglo XXI es la consigna.
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE 1910
Venustiano Carranza y los revolucionarios políticos e ideológicos del siglo pasado avanzan hacia el gran acuerdo nacional que permite dar forma y vigencia al nuevo marco jurídico e institucional de la revolución popular y social de 1910, la Revolución Mexicana.
En este transcurrir histórico, en 1916 Venustiano Carranza logró convocar a elecciones para los nuevos diputados que integrarían un Congreso Constituyente y entregó el memorable proyecto para las reformas de la Constitución de 1857.
Por eso, nuestra Constitución actual, que se ha venido adecuando a nuevas circunstancias no sólo es nuestra raíz y síntesis de la lucha y el pensamiento mexicano, si no que constituye nuestro proyecto de Nación futura.
El 5 de febrero de 1917 fue jurada nuestra Carta Magna por el Congreso Constituyente, resolviendo problemas de enorme complejidad como los conflictos entre el Estado y la Iglesia; el acaparamiento de tierras y de riqueza; la enajenación de los recursos naturales del país y establece una forma de vida democrática sustentada en las libertades, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos, todo ello derivado del pensamiento liberal, democrático y de avanzada cuya vigencia es indudable.
La rebelión cristera, que se levanta contra la Constitución y la República, se inició en julio de 1926 extendiéndose, entre mediados de 1927 y fines de 1929, por casi toda la República Mexicana. No sólo se efectuó en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Querétaro, sino que esta zona fue la de mayor efervescencia y actividad. Se han comprobado más levantamientos en el norte de la República, hasta Bacúm en Sonora, Concepción del Oro en Zacatecas y Parras y Saltillo en Coahuila, además por el sur hasta Tapachula, en Chiapas.
La guerra cristera tenía como fin la destrucción del Estado Laico, así como de la Constitución de 1917 al no aceptarla la jerarquía católica. Logrando ese fin, cesaría desde luego el movimiento que encabezaron.
La separación del Estado y la Iglesia en nuestro país, es entonces, un hecho histórico, que se transformó en un logro irreversible de la Constitución que, como hecho político, fue indispensable para el avance republicano y democrático de México. Esa separación del Estado y la Iglesia, es totalmente vigente porque resulta vital para conservar la tranquilidad social de la nación. Por eso, como resultado de una dura experiencia histórica la Constitución de 1857 la reguló, y posteriormente la hace vigente en la de 1917.
REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO
Hace mas de una década en nuestro país se aprobaron y entraron en vigor las reformas constitucionales del Artículo 130.
El día 15 de julio de 1992 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Derivado de lo anterior se ha llevado a cabo un intenso debate hasta nuestros días.
Las iglesias lograron ser reconocidas con personalidad jurídica denominadas Asociaciones Religiosas y el contenido del Artículo 130 constitucional ratificó en su primer renglón: “El principio histórico de la separación del Estado y la Iglesia”.
Además, se preservan algunas definiciones fundamentales, entre ellas, que sólo el Congreso de la Unión puede legislar en esta materia; que los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos; que tendrán derecho a votar, pero no a ser votados, salvo los requisitos que la Ley establezca; que no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de algún candidato, partido o asociación política; que no podrán oponerse a las leyes del país y a sus instituciones ni agraviar los símbolos patrios; que ninguna agrupación política puede denominarse con una indicación religiosa; que no podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político y que los actos del Estado civil son de la exclusiva competencia de las autoridades, en los términos que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público reitera la separación Estado-Iglesia y la libertad de creencias religiosas
Entre otras cosas, se inscriben otros fundamentos, como que la investidura y creencia religiosa no exime en ningún caso el cumplimiento de las leyes del país; que cada quien puede adoptar la creencia religiosa que más le convence; que nadie será discriminado u hostilizado por su manera de pensar; que nadie está obligado a prestar servicios o contribuir con dinero a dichas asociaciones.
Se confirma el Estado mexicano Laico, el cual no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna.
Además las relaciones de trabajo entre las asociaciones religiosas y sus trabajadores se sujetarán a lo dispuesto por la legislación laboral aplicable, los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos y se les impide poseer y administrar, por sí o por interpósita persona, concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicaciones, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masivos.
La Ley infracciona a quienes ejerzan violencia física o presión moral, agresiones o amenazas, o realizar actos que atenten contra la integridad, salvaguarda y preservación de los bienes que componen el patrimonio cultural del país.
Hoy reiteramos lo que el 22 de enero de 1992 en la Comisión Permanente de la LV Legislatura del H. Congreso de los Estados Unidos de México, frente a un debate con representantes de la derecha conservadora mexicana, como diputado federal entonces, afirmé: “Está por debatirse la Ley Reglamentaria de la materia. No es jacobinismo trasnochado, es simple apego a la norma, a la Ley, a la Constitución. No estamos, y deseamos aclararlo, de ninguna manera confundiendo el ámbito respetable y respetuoso de las ideas y creencias de cada mexicano. En lo que no podemos estar de acuerdo, es en quienes utilizan o explotan la buena fe y la doctrina religiosa en nuestro país. El Estado Laico no tiene camino de regreso”.
LOS ESTADOS MODERNOS CONTEMPORÁNEOS SON LAICOS
El laicismo del tercer milenio es la garantía de la diversidad, porque siendo diferentes, todos cabemos.
Es también la salvaguarda de los derechos humanos y las libertades, el respeto a las minorías, la equidad de género y la paz.
Por eso el laicismo existe y forma parte de nuestra vida diaria, debido al ascenso del hombre y el desarrollo de los pueblos.
En el mundo actual hay conceptos que definen a los Estados modernos, como la libertad de conciencia y de cultos, el respeto y la tolerancia, la pluralidad política y religiosa, la separación del Estado y la Iglesia y las garantías individuales y sociales.
El laicismo aparece en la última etapa de la historia de la humanidad, cayendo por su propio peso las descalificaciones de las corrientes fundamentalistas de derecha, absolutistas y totalitarias, que por intereses sectarios sostienen que las tesis laicas son obsoletas, si bien por el contrario el concepto Laico nace al ritmo que las sociedades se desarrollan para garantizar la soberanía popular, las libertades de pensamiento, de conciencia, de expresión de culto, de elección, de prensa, de trabajo y los derechos humanos.
Por eso las religiones de Estado o Estados religiosos han quedado en el pasado, porque no se puede utilizar, como en los estados teocráticos, políticamente lo religioso o religiosamente lo político, sino mantener el respeto a la pluralidad, a la diversidad y al disenso.
El Estado moderno surge, precisamente, del tránsito de la concepción del origen divino, del poder soberano, hacia el poder civil como expresión de la soberanía que radica en el pueblo.
El Estado Laico contemporáneo es la respuesta democrática ante la tiranía, la intolerancia, la discriminación, la dictadura y la exclusión.
Baste observar en otras partes del mundo y en nuestro propio país las terribles confrontaciones y guerras santas que producen crímenes y sangre, y que impiden la convivencia pacífica y el avance hacia el desarrollo integral.
En el Estado Laico nadie puede ser perseguido por sus creencias religiosas, orígenes étnicos o por sus diferencias sociales, culturales y sexuales.
La libertad no se alcanza de una sola vez y para siempre.
Hay que perseverar en las conquistas libertarias todos los días porque al perderse alguna de ellas, todos perderíamos, incluyendo los grupos hegemónicos.
En los Estados modernos, la nueva sociedad es cada vez más secularizada, madura, plural, crítica y diversa, por lo que el pensamiento del presidente Benito Juárez y su generación cobra vigencia por la enorme visión de futuro al construir la República Laica mexicana.
Una República Laica tiene la voluntad de construir una sociedad justa, progresista y fraternal, dotada de instituciones públicas imparciales, garantes de la dignidad de la persona y de los derechos humanos, asegurando a cada uno la libertad y la igualdad de todos ante la Ley.
CLAVES DEMOCRÁTICAS DEL TERCER MILENIO
La Constitución de Francia señala: “Francia es una República indivisible, Laica, democrática y social que garantiza la igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y respeta todas las creencias”.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que su Artículo primero señala: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Estas propuestas Laicas ya se encontraban desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que sostenía: “Nadie debe ser molestado por sus opiniones religiosas ni en el ejercicio de su religión”, y además: “Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas”.
He ahí parte del origen de las “Claves Democráticas Laicas” del Estado contemporáneo y su indudable validez.
El Estado Laico moderno es la antítesis y respuesta de la sociedad moderna al Estado confesional.
De ahí que el Estado Laico nace cuando la soberanía de una República es popular y no de origen divino.
En México se consagra de esta manera en el Artículo 130 constitucional, “El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias”. Queda pendiente la reglamentación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que debe afirmar y salvaguardar lo que esta Ley señala: “El Estado mexicano es Laico. Él mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las Leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derecho de terceros”.
Por eso nuestra preocupación frente a aquellos intentos que hoy pretenden desmantelar al Estado Laico.
Habría que recordarles lo que la propia Ley expresa en el sentido de que “El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna, ni tampoco a favor o en contra de ninguna Iglesia ni agrupación religiosa”.
La separación del Estado y la Iglesia se da hasta mediados del siglo XIX, después de guerras santas, de los crímenes de la Inquisición y de la negativa de la Iglesia para reconocer a los estados independientes, laicos y soberanos.
El Estado Laico tiene el compromiso ineludible de asegurar, en la democracia, el ejercicio de todas nuestras libertades y por lo tanto debe enfrentar los principales retos de nuestro tiempo.
Hay quienes sostienen la tesis de regresar al Estado confesional, sin darse cuenta que la evolución humana no tiene caminos hacia el pasado.
Frente a ellos, respondemos que los Estados Laicos salvaguardan el respeto a los Derechos Humanos y a la diversidad, la equidad y el pluralismo, las garantías individuales y sociales, los derechos ciudadanos y civiles, la inclusión y el debate libre y democrático.
RETOS Y DESAFÍOS DEL ESTADO LAICO
Diversos estudiosos y analistas nos alertan de los nuevos retos y riesgos en contra del Estado Laico.
A casi siglo y medio de las Leyes de Reforma, el Estado Laico, el respeto a las diferencias de pensamiento y los derechos humanos vuelven a encontrarse en peligro.
Hay muchos ejemplos, como las conductas y políticas públicas para privilegiar a una sola religión por encima de otros credos; las actitudes de funcionarios gubernamentales y políticos que falsamente piensan que violando el Estado Laico encuentran la “legitimidad”; los intentos de incorporar las enseñanzas religiosas a la educación pública o de entregar la propiedad de los medios de comunicación a las iglesias.
Estos sectores retardatarios y nostálgicos de los estados confesionales y totalitarios, pretenden retrotraer el reloj de la historia, queriendo establecer una religión única y oficial, atentando contra la libertad religiosa y el respeto a la diversidad de credos.
Aquí y ahora se nos recuerda que atentar contra el Estado laico representaría renunciar a la paz social y a las conquistas libertarias.
Estas corrientes de derecha denostan, con lo que han llamado actitudes jacobinas, a quienes defendemos la preservación del Laicismo y la salvaguarda de todas las creencias religiosas y políticas.
Debemos preservar la igualdad de todos frente al Derecho Universal, es decir, el Estado Laico por encima de intereses mezquinos y privilegios sectarios.
Frente a las nuevas asechanzas no basta un mero ejercicio académico e intelectual, sino la organización, la lucha y la movilización social y popular, por el camino del debate de las ideas, del fortalecimiento de nuestras leyes e instituciones y de la controversia pacífica.
El laicismo ha estado presente en el desarrollo de nuestra vida republicana.
La separación del Estado y la Iglesia nos dio la oportunidad de encontrar respuestas para garantizar el respeto y la convivencia entre la vida pública y la vida privada e impulsar la construcción del Estado de derecho republicano y democrático.
Ante los nuevos desafíos, es entonces indispensable reforzar nuestro marco jurídico constitucional, actualizando normas y principios para una renovada afirmación por la República Laica.
Por ello, al incorporar el concepto Laico al Estado mexicano en la Constitución, habremos de completar un círculo virtuoso a favor de las garantías y libertades individuales y colectivas de nuestro país.
La Iglesia católica y los grupos conservadores jamás han aceptado la derrota histórica que les llevó a perder el poder político y su enorme influencia en la sociedad mexicana, oponiéndose al Estado Laico mexicano.
Académicos, estudiosos, analistas, legisladores de todos los partidos políticos, dirigentes y un sinnúmero de voces ciudadanas han venido señalando durante los últimos tiempos los riesgos por los que atraviesa el Estado Laico.
De ahí la importancia de que este incorporado el concepto de República Laica a la Constitución, de expedir el reglamento de la Ley de asociaciones religiosas y culto público de manera consecuente y congruente con el contenido del Artículo 130 constitucional y de la Ley señalada, avanzando en la afirmación laica del Estado y no en su contra; de redefinir el papel del gobierno en conductas y políticas públicas y sociales de respeto a la Constitución; de confirmar la educación pública, laica y gratuita y el principio establecido en la actual legislación que impide que las iglesias sean poseedoras de medios de comunicación social, radio y televisión; de preservar la libertad de cultos y de creencias; de ratificar la prohibición a los servidores públicos para asistir a los actos religiosos con representación oficial conservando una conducta imparcial y republicana, de fortalecer los principios constitucionales de soberana y democracia, y de avanzar por la vía jurídica e institucional a favor de los derechos y las libertades individuales y colectivas.
La República Laica a plenitud es hoy y siempre, nuestra lucha.
Manuel Jiménez Guzmán





Preservación del Estado Laico
El hecho de que la Organización de las Naciones Unidas haya tomado la decisión de marcar una fecha en el calendario mundial como Día del Estado Laico, habla de la importancia que tiene la preservación, la defensa y la promoción de este régimen social. Yo diría, incluso, que tan importante es su existencia que es una forma de convivencia— sociedad e instituciones— que debería ser globalizada. En lugar de globalizar el hambre y la pobreza, en vez de globalizar la enfermedad y la violencia, en todas sus formas, debería ser globalizado el Estado laico. ¿Por qué el Estado laico? Porque las características o propiedades que lo conforman lo hacen garante de dos grandes valores: de la democracia, pero, sobre todo, de la tolerancia. Las numerosas guerras religiosas, las raciales e incluso las comerciales o económicas tienen como origen fundamental y profundo la intolerancia. Si a los individuos se les inculcara, antes que la religión, el respeto a la diversidad, la comprensión hacia lo que es diferente y una cultura de la equidad, muchos de los conflictos bélicos que hoy producen millones de víctimas no existirían. El hecho de que en el Estado laico la legitimidad del gobierno descanse en la soberanía popular, es decir, en la voluntad del pueblo y no en una religión o autoridad religiosa, lo convierte en garante de principios, convicciones y valores democráticos; y consecuentemente lo hace u obliga a ser respetuoso de la pluralidad política, ideológica, étnica y religiosa. Por ello, la necesidad de su preservación y, más aún, de su ampliación.
Y, por ello, también el riesgo de que ciertas fuerzas ultraconservadoras pretendan en México disminuir el Estado laico a través de la política, los medios de comunicación y la educación. A través de la política, porque el gobierno presidido por Vicente Fox ha roto en innumerables ocasiones con el principio de la separación entre Iglesia y Estado. Un principio que desde la teoría política no es indispensable para la laicidad institucional, pero sí para un país que, como el nuestro, ha tenido crueles y sangrientas guerras de religión.
Harakiri político
Roberto Blancarte —investigador de El Colegio de México— lo ha definido bien: “Cuando un diputado, un presidente de la República o cualquier funcionario de gobierno acude con un líder religioso pensando que va a adquirir mayor legitimidad, lo único que está haciendo es una especie de harakiri político, ya que está acudiendo a una fuente de legitimidad que no es la suya y está minando al mismo tiempo su propia fuente de legitimidad, que es la voluntad popular a través de los ciudadanos…”
Dicho en forma más coloquial: no porque un alto funcionario de gobierno bese el anillo papal o acuda públicamente a la iglesia para recibir la bendición de un sacerdote, será considerado por el pueblo un mejor presidente, mejor gobernador o un excelente diputado. En cambio, al acudir con la investidura presidencial a actos litúrgicos, se privilegia a una sola de la religiones y se da la impresión de que se gobierna solamente para una parte de la población; cuando un jefe de Estado, que llegó al poder a través de un proceso electoral democrático, no puede ni debe gobernar en forma selectiva o discriminatoria. Es un representante popular que —como lo indica el término— representa a un complejo abanico de gobernados con ideas diversas, raíces socioculturales diferentes y credos multicolores. La calidad de su representatividad es plural y tiene por ello la obligación política y ética de respetar a cada instante esa diversidad. Pero, además, es necesario hacer hincapié en que no fueron individuos en calidad de creyentes quienes lo eligieron a través de las urnas, sino individuos, en calidad de ciudadanos, quienes le dieron su voto.
Educación laica: paz y tolerancia
Lo mismo sucede con la educación. El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la educación que imparta el Estado deberá ser laica, es decir, que será respetuosa de la libertad de creencias y que, por lo tanto, se mantendrá al margen de cualquier doctrina religiosa. Este requisito es una garantía de que no haya ningún tipo de discriminación en las escuelas y de que no se violen las garantías individuales de nadie, se trate de un católico, de un judío o de un protestante. Y de que, por consecuencia, la educación no sea fuente de conflictos sociales sino, por el contrario, una semilla que haga germinar en los individuos la cultura por la paz y la tolerancia.
En España acaba de ocurrir algo que demuestra la tendencia que lleva la Iglesia mexicana en materia educativa. Los Legionarios de Cristo —calificada por la prensa española como orden religiosa ultraconservadora de origen mexicano— compraron en Madrid un colegio laico que alberga a más de mil alumnos. Los nuevos propietarios anunciaron a los padres de familia que la educación en esa institución dejaría de ser laica para convertirse en católica, el director sería, a la vez, un asesor espiritual, se dividirían o separarían a los varones de las niñas y se construiría una capilla. Centenares de padres de familia expresaron su indignación y rechazo, varios de ellos decidieron sacar a sus hijos de esa escuela para inscribirlos en un colegio donde se respetara la laicidad, pero lo más importante de todo es que en las protestas quedó asentada la crítica a una violación constitucional. “Creía —dijo la madre de una estudiante— que vivía en un país en el que tenía el derecho constitucional a elegir libremente la educación de mis hijos, pero ahora se impone esta opción como un hecho consumado y una puñalada trapera”.
La proliferación en México de escuelas con una filosofía pedagógica religiosa ha sido un factor de división y discriminación. Mientras los sectores socioeconómicos más desprotegidos de la población mexicana acuden a escuelas públicas y reciben, por lo tanto, educación laica, una élite integrada por la clase más pudiente acude a colegios y universidades privados, generalmente dirigidos por sacerdotes. La visión de país y el concepto de mundo que reciben unos y otros es totalmente diferente. Mientras dentro de la laicidad se inculca el valor de la universalidad, la equidad de género, raza, credo, y está abierta a todos sin distingo alguno, la escuela religiosa pondera el catolicismo por encima de las demás religiones y excluye de sus planteles —directa e indirectamente— a quienes no profesen ese dogma. Ese solo hecho de exclusión marca, por sí mismo, diferencias e inculca odios y resentimientos que no existen dentro de la laicidad. Ese solo hecho demuestra que cuando la religión invade espacios que corresponden especialmente a lo público, deja de ser un factor de unidad nacional para convertirse en causa de hostilidad y antagonismo.
Laicismo no es antirreligiosidad
Cierto es que el Estado laico no es, ni debe ser, sinónimo de antirreligiosidad; cierto es también que la laicidad tiene como base fundamental el hecho de que las instituciones políticas estén legitimadas principalmente por la soberanía popular y no solamente por la separación Iglesia-Estado; cierto es que la ley garantiza un trato igual a la iglesias, pero también es cierto que la pretensión de la Iglesia católica de ser propietaria de medios de comunicación masiva pone en riesgo —cuando menos en México— la equidad entre las distintas instituciones religiosas. El acceso a los medios, en tal caso, debería ser equitativo. Así como el Instituto Federal Electoral vigila que los partidos políticos tengan una presencia plural y equilibrada en las pantallas de televisión o en las estaciones de radio, las organizaciones eclesiásticas deberían regirse por un reglamento similar. Que todos se expresen, pero sin buscar tener el monopolio de la comunicación.
Quiero, para terminar, referirme a un libro de reciente aparición que lleva por título Contra el fanatismo, del escritor israelita Amos Oz. El autor sostiene que la guerra entre árabes y judíos no existiría si no existieran los fanáticos que están tanto en uno como en el otro lado. A eso —dice Amos Oz— se le llama el síndrome de Jerusalem, “todo el mundo grita pero nadie escucha”. “Si los fanáticos pudieran curarse, el conflicto de Oriente próximo ganaría en racionalidad y posibilidades de entendimiento”. “El fanatismo es más contagioso que cualquier virus. Salir del universo fanático no es fácil. Salir del fanatismo es abrirse al Otro y aceptar la complejidad”. Y eso lo da no solamente el Estado laico, sino una cultura de la laicidad que a final de cuentas no es más que una cultura de la tolerancia, que sólo puede crecer dentro de la democracia.
Beatriz Pagés

Declaración Universal del Estado Laico
A los Estados Nacionales,
A los Gobiernos, Congresos y Parlamentos,
A los Organismos Internacionales,
A los Partidos Políticos y Organizaciones No Gubernamentales,
A las Asociaciones Religiosas,
A los Ciudadanos del Mundo que la presente vieren:
En el marco de la conmemoración del sesquicentenario del triunfo de la Reforma en México y de la celebración republicana por los ciento cincuenta años del nacimiento del Estado Moderno y Laico, en nuestro país, LA SOCIEDAD CÍVICA DE MÉXICO, A. C. Formula la presente
DECLARACIÓN UNIVERSAL DEL ESTADO LAICO
PRIMERO.- Creer es un ejercicio de la libertad absoluta e inalienable del ser humano, inherente a su facultad de pensamiento; por lo tanto, las Constituciones, las Leyes, los Estados, los Gobiernos, las organizaciones o las personas, no pueden, ni deben, hacerla objeto de ataque, limitación o persecución alguna, alegando supuestas justificaciones en dogmas, mitos o prejuicios y, menos aún, intentar imponer determinada confesión religiosa a Ciudadanos libres e iguales.
SEGUNDO.- El Laicismo es el principio fundacional e inalterable del Estado moderno, el camino a su democratización y sustento pleno e incondicionado de la libertad de las personas para tener, no tener, o cambiar de creencias religiosas.
TERCERO.- El Estado Laico, en nuestro tiempo, ha adquirido la categoría de compromiso histórico, social y de conciencia de los pueblos y las naciones por mantener incólume el postulado de la separación de la religión y lo eclesiástico respecto a los asuntos de política y gobierno.
El Estado Laico reclama, en el mundo entero, gobiernos que sean sus custodios, como garantía de respeto al derecho irreductible de los Ciudadanos a la expresión externa o práctica pública de sus devociones religiosas, mediante ceremonias y actos de culto.
CUARTO.- Constituyen actos de lesa humanidad, violatorios de los derechos fundamentales de las personas y de ataque al Estado, que autoridades, sectas o individuos, denigren, limiten o persigan a un Ciudadano por sus creencias religiosas o su manifestación externa en ceremonias y actos de devoción o culto público.
QUINTO.- Ante la pluralidad de creencias religiosas en el mundo, resulta ilegítimo y contra razón llevar a cabo desde las estructuras del poder público del Estado, acciones a favor de una determinada confesión religiosa en  las que participen funcionarios públicos, así como difundirla mediante imágenes, signos o señales religiosas en la propaganda gubernamental.
SEXTO.- La educación en un Estado Laico, sea pública o privada, está orientada por la ciencia; el conocimiento sobre la naturaleza, el hombre y el universo, exige no mezclarse ni confundirse con dogmas, mitos o doctrinas religiosas.
SÉPTIMO.- En el Estado Laico, los funcionarios públicos pueden tener, al igual que cualquier persona, una creencia religiosa; pero, la prudencia ante sus conciudadanos y el respeto a su propia investidura pública, hace inapropiada su expresión externa mediante ceremonias y actos de devoción o culto público, dada la diversidad de confesiones religiosas en la sociedad, frente a la unicidad y unidad del Estado y del orden jurídico, a los que ellos representan.
OCTAVO.- En toda sociedad, la injerencia de sacerdotes, clérigos o ministros de culto, abierta o subrepticiamente, en la lucha de partidos y facciones, por alcanzar, conservar o recuperar el poder político y la riqueza económica, resulta inconveniente para la armonía social y, por lo tanto, es inadmisible; tal fenómeno constituye una desviación que debe corregirse mediante leyes sabias, a fin de preservar el Estado Laico, única garantía de la paz social, en que se sustentan la libertad, la igualdad y la justicia entre los hombres.
NOVENO.- La confusión y mezcla de religión y política, nacidas del contubernio entre gobernantes y sacerdotes, constituye una cohabitación inmoral, que pervierte la devoción religiosa, pues oculta siempre insanas ambiciones de poder y riqueza de los oficiantes religiosos.
DÉCIMO.- Las doctrinas religiosas y las iglesias que hagan de ellas profesión de fe, jamás serán instrumentos del Estado para el control de las conciencias, al servicio de la dominación política y de la explotación económica. Que ningún Ciudadano, gobernante o gobernado, use el nombre de Dios para justificar la guerra o el crimen.
Estado Laico es Paz. Estado confesional es guerra.
Saltillo, Coahuila, México, a 24 de julio (Mes de la Reforma) del año 2010.
Declaración Universal del Estado Laico
Dr. Onosandro Trejo Cerda
Presidente.
Ing. Gabriel Frías Olivares
Secretario General

El Estado y la Iglesia, controversia eterna.
En todos los eventos de la historia de nuestro país, desde la Independencia de 1810, se nos muestra que ha existido una constante lucha entre el clero político, dirigido desde el Vaticano y el Estado Mexicano. Recordemos que el Vaticano condenó la Independencia; combatió la Reforma propiciando la intervención francesa y la imposición de un imperio; y finalmente combatió a la Revolución y al producto más importante de ésta, la Constitución de 1917. Recuérdese que "la cristiada" se levantó en armas contra la Constitución de 1917 proponiendo la llamada "Constitución de los Cristeros", que buscaba volver al orden político del virreinato.
Más de un siglo de la historia de nuestro país estuvo marcado por las difíciles relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado. De este episodio los años más álgidos fueron, sin duda, los de 1926-1929. La guerra cristera, como todo conflicto bélico, tuvo un periodo de gestación y otro de conclusión que rebasa con mucho los años del levantamiento armado. Este conflicto, que involucró a las dos instituciones más importantes, la Iglesia Católica y el Estado Mexicano, tuvo su origen durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando el gobierno del presidente Benito Juárez promulgó las Leyes de Reforma para institucionalizar la separación de poderes y fortalecer al Estado Mexicano.
El proceso legislativo de la reforma liberal tenía como metas:
I) La desamortización de la propiedad corporativa, especialmente la eclesiástica, con el fin de poner en circulación recursos que no eran debidamente explotados.
II) Nacionalizar los bienes eclesiásticos para desarticular el poderío económico y político del clero.
III) Separar al Estado de la Iglesia.
IV) Ejercer el dominio estatal sobre la población mediante el registro de la población, y
V) Suprimir los fueros eclesiásticos y militares.
El marco legal para alcanzar estos fines, fueron:
1.           Separación de la Iglesia y el Gobierno (12 de junio de 1859).
2.           Nacionalización de los bienes eclesiásticos (12 de junio de 1859).
3.           Supresión de las órdenes monásticas (12 de julio de 1859).
4.           Establecimiento de la libre contratación de los servicios religiosos (12 de julio de 1859).
5.           Institución del matrimonio civil (23 de julio de 1859).
6.           Establecimiento del registro civil (28 de julio de 1859).
7.           Secularización de los cementerios (31 de julio de 1859).
8.           Declaración de la libertad de cultos y de la igualdad de todas las religiones ante la ley (4 de diciembre de 1859).
9.           Abolición de los delitos de carácter exclusivamente religiosos (4 de diciembre de 1859).
10.        Abrogación de los recursos y privilegios de la iglesia: fuerza, competencia y asilo (4 de diciembre de 1859).
11.        Extinción del valor legal del juramento religioso (4 de diciembre de 1859).
12.        Reglamentación de los actos del culto externo (4 de diciembre de 1859).
En 1926, las hostilidades entre la iglesia y el estado llegan a su punto de ruptura. El enfrentamiento pospuesto desde las leyes de reforma lleva, en estos años de luchas intensas postrevolucionarias, a una de las rebeliones más controvertidas de la historia de México: el conflicto religioso o Guerra Cristera, bajo el grito de Viva Cristo Rey.
Una tensa conciliación entre la iglesia y el estado se había mantenido a partir de la promulgación de la constitución de 1917. La iglesia había recuperado el poder espiritual perdido durante la guerra de reforma y ejercía mayor influencia. La iglesia católica reafirma su posición de modificar los artículos 3°, 5°, 24°, 27° y 130° de la Constitución de la República. El gobierno reforma el código penal sobre delitos del fuero común y delitos contra la federación en materia de culto religioso y disciplina externa, en el cual se establecen sanciones penales a las infracciones que se hagan al artículo 130° constitucional; esta ley es conocida como "ley Calles".
La ley Calles entraría en vigencia el 31 de julio de 1926, y todos los sacerdotes deberían registrarse en gobernación, la iglesia consulta con la santa sede en Roma para llevar a cabo la suspensión de cultos en las iglesias el mismo 31 de julio. El Papa aprueba las medidas propuestas por el episcopado mexicano y se ordena no respetar el nuevo marco constitucional existente para todos los mexicanos. Al conocer las intenciones de los sacerdotes católicos, el estado ordena que las iglesias sean cerradas e inventariadas en los casos que se suspenda el culto religioso.
La guerra cristera fue una lucha fratricida que alcanzó a cubrir tres cuartas partes del territorio nacional con cincuenta mil creyentes fanatizados e impulsados por el sacerdocio, levantados en armas. La resolución formal del conflicto se dio entre el gobierno de Emilio Portes Gil y, por parte del Episcopado Mexicano, el obispo Pascual Díaz y el arzobispo Ruiz y Flores en junio de 1929, después de las negociaciones, con la mediación del embajador de Estados Unidos, Dwight D. Morrow, se estableció un acuerdo de paz que suponía la no aplicación de las disposiciones legales emanadas bajo el régimen de Plutarco Elías Calles, pero sin abrogarlas. Cuando los cristeros que habían tomado las armas aceptaron deponerlas ante la reanudación de las actividades de culto, se puso fin a la llamada guerra cristera.
Para la Iglesia, si bien los cultos habían sido nuevamente abiertos a raíz de los acuerdos, en tanto que el estado se desentendía de aplicar la legislación que había causado tanto conflicto, existía un nuevo problema al cual volcó sus energías, denunciando lo que consideraba un atentado a los preceptos y la moral católicos: la educación socialista. En los boletines parroquiales de las décadas de los años treinta y cuarenta hay críticas exacerbadas con respecto a la educación que imparte el Estado a través de las escuelas oficiales, a la cual consideran ateizante y de ideas comunistas.
Algunos de los sacerdotes de las parroquias de los pueblos amenazaban con excomulgar a quienes mandaran a sus hijos a estudiar en las escuelas de gobierno, en tanto que a los padres de familias católicas se les amenazaba con la prisión si enviaban a sus hijos a las escuelas parroquiales. Como puede observarse, el conflicto seguía latente a través de otras instancias.
Aunque durante las décadas siguientes la lucha armada había dejado de ser una opción, las diferencias entre ambas instituciones no se habían resuelto y las asperezas en su relación continuaron latentes. Ambas, Iglesia y Estado, mantuvieron un profundo silencio con respecto al conflicto y, por supuesto, tampoco contemplaron hacer un balance sensato de su actuación en el periodo.  Tal vez con ello se pretendía borrar de la memoria colectiva este episodio vergonzoso y así exculparse, ambos, de su responsabilidad frente a la historia.
Con la visita al Vaticano de Luis Echeverría Alvarez en los últimos días de su mandato, recordemos que buscaba un cargo en la ONU, dejo sentadas las bases para que en el gobierno de José López Portillo, el Papa Juan Pablo ll, llegara a nuestro país, y así reiniciaran nuevas estrategias para socavar al gobierno mexicano. Fue hasta 1988 con el acercamiento salinista con el Vaticano, cuando las relaciones diplomáticas entre ambos Estados toman un nuevo giro que pretende subsanar sus diferencias.
La reforma al artículo 130 constitucional, que otorga personalidad jurídica a la Iglesia (reforma que fue pensada en relación con la Iglesia Católica y que necesariamente hubo de ampliarse a las demás denominaciones) marcó el inicio de una nueva etapa. A muchos sorprendió la presencia de altos prelados católicos en la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari como presidente de los Estados Unidos Mexicanos en 1988, pero esta invitación era el anuncio de los cambios que el nuevo régimen intentaba y que culminó con la reforma citada en 1992.
En este nuevo contexto la jerarquía de la Iglesia Católica inicia el proceso de canonización de los mártires de la guerra cristera, que culminó en mayo del 2000. Estos procesos de canonización pueden interpretarse como una respuesta de la jerarquía a un problema no resuelto; problema que sigue estando presente en la conciencia histórica con muchas implicaciones que causan confusión, crisis de conciencia, dificultades en la integración de la identidad cultural, falta de credibilidad en la institución y la búsqueda cada vez mayor de nuevas opciones religiosas.

Actualmente, por doquier aparecen signos y eventos de nuevos intentos de dominio de la Jerarquía Católica, encabezados por los altos y grupos de la ultraderecha mexicana como: El Yunke, Vertebra, Pro-Vida, Conciencia Ciudadana, la Unión Nacional de Padres de Familia, Alianza Cívica, el Centro Nacional de Comunicación Social, las Universidades proclives a la religión, Caballeros de Colón, Opus Dei, Legionarios de Cristo, Desarrollo Humano Integral, A.C., etc.
Actualmente, por doquier aparecen signos y eventos de nuevos intentos de dominio de la Jerarquía Católica, encabezados por el propio Norberto Rivera Carrera y Juan Sandoval Iñiguez y grupos de la ultraderecha mexicana como: El Yunke, Vertebra, Pro-Vida, Conciencia Ciudadana, la Unión Nacional de Padres de Familia, Alianza Cívica, el Centro Nacional de Comunicación Social, las Universidades proclives a la religión, Caballeros de Colón, Opus Dei, Legionarios de Cristo, Desarrollo Humano Integral, A.C., etc.
Ante esta peligrosa situación de reto de las fuerzas más negativas, oscurantistas y fanáticas, debemos unirnos los mexicanos patriotas en todas las actividades para defender a nuestra Patria, de la ofensiva de la derecha antinacional, para evitar una guerra civil que tendría consecuencias catastróficas para el futuro mediato e inmediato de nuestro país.
Abrir la puerta, como se ha hecho, a la intervención del Vaticano y de la jerarquía eclesiástica en la vida política del país, en este período de profunda crisis como la que vivimos, es un grave error porque el alto clero de la iglesia católica, como organización política que es, se halla empeñada en una nueva evangelización, similar a la de la conquista, que le permita recuperar la influencia perdida, aliándose, como lo ha hecho cuando así ha convenido a sus intereses, con las fuerzas reaccionarias y antipatrióticas para impedir la transformación progresiva y fortalecimiento de nuestra Patria.
De los mexicanos y solo de nosotros, dependerá que nuestra nación pueda algún día ser realmente libre e independiente, ojala vivamos para verlo, y sino nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, pero créame que un día será; para ella debemos prepararnos, educarnos, desfanatizarnos y luchar con las armas del derecho y la razón. Existen fuerzas semiocultas que desean establecer en México una Religión de Estado. Advertidos estamos quienes pretendemos ser libres y pensamos en el laicismo como una forma de vida.
Miguel García Mejía


MASONERÍA, LAICISMO Y LIBREPENSAMIENTO
Estos tres movimientos van íntimamente unidos y todos ellos se desarrollan a finales del S. XVII y durante el S. XVIII.
Surgen como respuesta a la situación política y social existente en la que predomina el poder absoluto, la falta de libertad y una estrecha y simbiótica relación entre Iglesia y Estado.
Una característica fundamental en ellos es el señalar que la Razón debe ser el instrumento básico en la búsqueda de la Verdad, dejando de lado dogmatismos, creencias y criterios de autoridad.
Por ello creo que la siguiente frase de Galileo Galilei compendia perfectamente este espíritu que deseo, no se si lo voy a conseguir, que impregne este trabajo.
Esta cita dice así: "No me parece que sea necesario creer que el mismo Dios que nos ha dado nuestros sentidos, nuestra razón e inteligencia, haya deseado que abandonáramos su uso, dándonos por otros medios la información que podríamos obtener a través de ellas".
La Francmasonería actual, es decir, la de tipo especulativo, ha recogido uno de los principios básicos que estaba en la base de la actuación de nuestros antepasados operativos, la libertad; querían ser libres, tanto espiritual como socialmente, entre otras cosas, para no depender de los poderes políticos feudales que sólo admitían siervos de la gleba o súbditos, a los que únicamente se les permitía el producir o guerrear en beneficio de sus señores y que no gozaban de derechos ni de instrucción.
Esta libertad que los francmasones operativos reclamaron y obtuvieron, les sirvió para poder avanzar en el perfeccionamiento de su Arte y transmitir el conocimiento profundo de la Humanidad a través de los símbolos labrados en la piedra, y para organizarse y ayudarse fraternalmente.
La Francmasonería actual, exige a cualquier ser humano, como requisito básico, para poder integrarse en la misma, que sea una persona libre.
La mente de cualquier francmasón debe ser libre, absolutamente, siempre y en todo momento, para buscar la Luz que le debe guiar en la búsqueda de la Verdad, punto omega al que aspiramos llegar y que nunca alcanzaremos en nuestro camino terrenal.
Cada uno de nosotros, en nuestro camino, logramos aprehender una parte de la Verdad, que puede no ser, en absoluto, coincidente con la de otros y sin que ello suponga superioridad de una verdad sobre otra.
De ahí que la verdad personal casi nunca sea cómoda en nuestras relaciones y de forma especial cuando median convicciones o creencias.
En este camino personal que todo francmasón realiza en búsqueda de la Verdad se encuentra siempre con los inexorables enemigos de la misma como son el dogmatismo con sus acompañantes el fundamentalismo y la intolerancia, la insolidaridad manifestada actualmente por una competitividad desenfrenada y a una globalización económica con concentración de beneficios en unos pocos y el individualismo en base a la desigualdad de los seres humanos con aparición de xenofobia y racismo.
De ahí que la Francmasonería se haya erigido en todos los tiempos como una acérrima defensora de la Razón y de que todos los seres humanos nacen iguales y con los mismos derechos y deberes.
No es casual que la francmasonería especulativa y el librepensamiento se remonten al Siglo XVII y XVIII y más concretamente al período de la Ilustración.
Durante el Siglo de las Luces, numerosos pensadores, vieron en la Razón el elemento esencial del progreso humano.
De su mano se podían destruir ancestrales creencias que sólo producían inmovilismo y bajo su luz los hombres podían adentrarse en el estudio de la naturaleza y sus mecanismos, llegando a explicaciones lógicas de cuanto acontecía en su entorno.
Un movimiento ideológico de estas características debía prender con fuerza en la España de finales del Siglo XIX, dominada por el oscurantismo y el caciquismo, en aquellas personas que no aceptaban resignadamente esta situación.
Desde los primeros años de la década de 1880 existieron en España organizaciones librepensadoras.
El librepensamiento y la masonería están profusamente unidos tanto en su dimensión internacional como en la referida a España.
Algunos de los más destacados representantes del librepensamiento español fueron francmasones, y las ideas librepensadoras se encuentran en multitud de documentos firmados por organizaciones francmasónicas.
Globalmente se puede afirmar que los establecimientos masónicos y los propios francmasones constituyeron un amplio apoyo del movimiento librepensador llegando, en ocasiones, a confundirse.
La decadencia del movimiento librepensador en España coincidió con la crisis de la masonería en los últimos años del Siglo XIX, pero las ideas librepensadoras no desaparecieron del discurso masónico.
Asimismo la institución masónica puede ser catalogada como plenamente favorable a todo lo científico y a sus avances sin ningún tipo de recelos.
No podía ser de otro modo.
Uno de los grandes principios masónicos, grabados en el frontispicio de su edificio filosófico, es el progreso de la humanidad.
Consecuente con ello, todo lo que suponga un avance social, una mejora material o espiritual del común de los hombres, y la Ciencia proporciona multitud de ejemplos de ello, recibelos beneplácitos de la masonería.
En la declaración de principios de la Gran Logia Española, vigente durante la II República se especifica que "la Masonería no reconoce más verdades que las que se fundan en la razón y la ciencia, y con los resultados obtenidos por esta última combate las supersticiones y los prejuicios sobre los cuales fundan su autoridad todas las Iglesias".
Como muy bien señala algún autor, el librepensamiento es un ejercicio de alto riesgo que como se puede constatar en muchos momentos de nuestro devenir histórico ha llevado a muchas personas buenas y generosas al destierro e incluso a la muerte, todo ello realizado por aquellos que se hallan en posesión de la "Verdad" y que además creen tener y así lo manifiestan a "Dios" de su parte, ya que exigen que todos compartan su "Verdad" que tiene un valor absoluto y no es discutible.
El librepensamiento es propio del ser humano que ha evolucionado y que pone la Razón por encima de otras consideraciones acomodaticias cubiertas, casi siempre, por el manto de una religiosidad basada en prejuicios y dogmas indiscutibles y que considera a la humanidad como menor de edad, todo ello en beneficio de unas determinadas oligarquías que han hecho un ensamblaje perfecto entre el "Trono y el Altar" para mantener sus privilegios y su dominación sobre los diferentes grupos humanos.
Las castas políticas y religiosas han ido desde los tiempo santiguos, y durante muchos años, estrechamente unidas y de común acuerdo para dominar a la humanidad, ya que ello les resolvía a ambas su necesidad de defensa: defensa material contra el hombre mismo y los animales salvajes y dañinos, y defensa espiritual contra las fuerzas ciegas y brutas de la naturaleza.
Por ello la esencia del librepensamiento es su lucha contra las imposiciones ideológicas y los dogmas religiosos manteniendo como elementos básicos en su pensamiento la no aceptación, sin discusión y críticamente, de las ideas del poder establecido, el rechazo de la validez legitimadora de lo que algunos malentienden por tradición y la crítica de las autoridades establecidas.
Por ello, al margen de planteamientos personales preconcebidos, si algo externo se demuestra que es verdadero y real, cabe éticamente la obligación de reconocerlo como tal, aunque nos cueste.
Las corrientes librepensadoras lograron a partir del S. XVIII romper con el Antiguo Régimen, traer el constitucionalismo, los Derechos del Hombre, la democracia, nuevos conceptos educativos, etc., logrando con ello un avance de la humanidad, pero hoy, desgraciadamente, la existencia de corrientes ideológicas que defienden el pensamiento único, el ocaso de las ideologías, la globalización y manipulación de la información, la expansión de concepciones que inculcan los valores de que uno vale por lo que tiene y no por lo que es, etc., hace que el librepensamiento continúe siendo necesario ya que la humanidad solamente avanza a partir de personas que en un momento dado plantean aquello que no se puede plantear, preguntándose sobre las razones o los motivos de aquellas cosas que son tenidas como evidentes y señalan que la Verdad, necesariamente, no es la que nos dicen los libros, por sagrados que sean, ni mucho menos por los medios de comunicación de masas que nos invaden.
El camino histórico del librepensamiento suele correr parejo al del tortuoso y conflictivo proceso de secularización, secularismo o laicismo.
Laicismo entendido, en primera instancia, tal como es definido en el Diccionario de la Lengua Española como la "doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, de toda influencia eclesiástica o religiosa".
De ahí que el S. XVIII sea el momento de la gran eclosión laicista de la historia de la humanidad.
Pero para centrarnos en el tema del laicismo creo que mejor que la definición de la Academia de la Lengua es la que nos suministra Albert Bayet al señalarlo como "la idea de que todos los seres humanos - sean cuales fueren sus opiniones filosóficas o creencias religiosas- pueden y deben vivir en común dentro del respeto por la verdad demostrada y en la práctica de la fraternidad. Quienquiera que de buena fe, piensa que el hombre debe amar a sus semejantes, es un laico".
De aquí que ya a partir del siglo XVII, comiencen a aparecer, sin ningún tipo de temeroso disimulo, tolerantes posturas teológicas, tanto cristianas como sincréticas, o laceradas y rotundas teorías antirreligiosas y ateístas.
Como ejemplo de las primeras, las cristianas, tomemos al movimiento espiritual inglés de los "buscadores" y a su legítima y tolerante herencia cuáquera; como ejemplo de teologías sincréticas, escojamos el sin duda admirable deísmo francmasónico y su aneja y revolucionaria - por adelantada- reivindicación de religión natural; como ejemplos de manifiestos claramente antirreligiosos, recordemos la obra del librepensador Isaácus Vossius (1618 - 1689) y por último, como muestra de las incipientes reflexiones ateas de nuestra historia moderna, valga tomar como paradigma la obra del célebre cura ardenés Jean Meslier (1664 -1729).
Desde comienzos del Siglo XX hasta la fecha, el conflicto entre liberales y reaccionarios continúa planteándose en los mismos términos que en siglos anteriores. Por una parte están quienes desean la absoluta neutralidad religiosa del Estado, el matrimonio civil, el divorcio, la enseñanza laica y la libertad religiosa completa, con plena igualdad de derechos y deberes para todos los hombres y para todos los credos (llámeselos como se los llame, éstos son laicistas en sentido estricto). Por la otra parte están los defensores del retorno a la concepción medieval de la vida, en la que el hombre sólo gozaba de la "libertad" de someterse a la voluntad absoluta de la Iglesia católica "sociedad perfecta" de origen divino, que no puede estar bajo ninguna autoridad laica.
Un ejemplo claro de estas posturas, propias de concepciones periclitadas, nos lo da la Enciclopedia Espasa al definir el laicismo como "la intromisión del poder civil en los asuntos eclesiásticos. Significa el sistema doctrinal que se propone arrancar de la sociedad y de la familia la influencia religiosa. Tiene varios grados: unos intentan cercenar de las instituciones la religión católica, otrostoda religión positiva y los más radicales aún la idea de religión".
En la actualidad las posturas iniciales del laicismo continúan teniendo vigencia. Algunos pensadores cristianos que defienden el laicismo señalan, sin embargo, que si se admite que las religiones poseen unos valores positivos para la ciudadanía, el estado laico debe auspiciar y ayudar al desarrollo de estas confesiones. A mi modo de ver ello no responde realmente a una auténtica defensa de la igualdad, sino que de, modo encubierto, se pretende que perduren las influencias y las concepciones que existían anteriormente. Otros pensadores consideran que las ideas y creencias religiosas son nefastas para la humanidad y por ello defienden que el estado laico actúe beligerantemente frente a ellas.
Nosotros creemos que el laicismo significa defensa de la libertad de conciencia, por lo que no es ni proclama de ateismo, ni movimiento antirreligioso; es espíritu de libertad y nace de la necesaria secularización de la ciencia, la filosofía, la historia y las instituciones. Sostiene que el Estado, como entidad de derecho, no puede profesar culto alguno; que especialmente en la democracia, la educación es una función primordial del Estado; que la educación laica es el método educativo específico de la democracia; que el Estado debe proponerse formar hombres libres, ciudadanos y no súbditos, con discernimiento propio y que, no es posible fundar en el dogma la educación del hombre libre; y que, además, el laicismo escolar es la condición "sine qua non" para que la libertad de cultos no sea una ficción carente de valor real. El laicismo significa, esencialmente, una alteración de la relación entre el mundo y la religión; en lugar de ocupar ésta el lugar central y dominante de todas las actividades humanas, como ocurrió en cierta fase de la historia de Occidente, y actualmente ocurre en varios países, especialmente musulmanes, se la reduce a lo que debe ser su propia esfera, el fuero de la conciencia personal.
En resumen, yo diría que el laicismo es la defensa integral de la conciencia humana contra toda coerción, invasión o cercenamiento de origen dogmático, ideológico o político. En las filas del laicismo que predica y practica la más amplia y generosa tolerancia y fraternidad caben, por cierto, muchos matices de la cosmovisión humana, y así es posible que entre ellos haya liberales, cristianos, judíos, agnósticos, librepensadores, racionalistas, socialistas, positivistas y ateos, sea cual fuere la doctrina metafísica o la postura ante lo incognoscible de cada uno de sus miembros. Todos ellos bajo el común denominador del laicismo, no luchan por destruir a determinada religión o a todas las religiones, y sólo pretenden que el Estado y sus instituciones e instrumentos fundamentales, el gobierno, la justicia, la educación, las fuerzas armadas, la legislación, se mantengan apartados de toda injerencia o influencia de una religión y de sus ministros, que no hacen a la esencia de la democracia.
Porque el laicismo, como es lógico, se siente consustancial con la democracia y sabe que sus ideales sólo pueden lograrse plenamente en una sociedad democrática, entendiendo por democracia, libertad -libertad de expresión, de prensa, de conciencia, libre acceso a las fuentes de información-; libertad que lleva el reconocimiento implícito de la libre autodeterminación y dignidad de la persona humana, desde su infancia.
Laicismo no es otra cosa que un marco de relación en el que los ciudadanos podemos entendernos, sin entrar en temas a los que cada individuo aplicamos nuestras íntimas convicciones personales. Laicismo es levantar puentes que nos permitan comunicarnos desde la desigualdad, pero en convivencia, porque se trata de unir lo diferente. Laicismo es sinónimo de tolerancia y, en contra de lo que se manifiesta a veces, ser laico no lleva aparejado sentir fobia hacia lo sagrado ni arremeter desaforadamente contra la Iglesia católica ni contra ninguna otra Iglesia. El laicismo carece de connotaciones doctrinarias y no se ve obligado a luchas anticlericales, aunque las doctrinas sean legítimas, y sea legítimo también no estar de acuerdo con ciertas posturas del clero. Gracias a esta concepción del laicismo nos es dado ver en cada uno de nuestros conciudadanos a seres libres e iguales a nosotros, sin que nos deba importar la etnia a la que pertenezcan, el partido político al que voten o las convicciones que zarandeen su espíritu. Hay ámbitos para lo común, que el laicismo hace cómodos y ámbitos que deben permanecer en el "sancta santorum" que los seres humanos llevamos dentro de nosotros.
El laicismo jamás ha de ser cátedra de dogmas, sino pantalla de opiniones que las personas sabrán elegir responsablemente para sí; no señala posturas a tomar sobre asuntos como el divorcio, la homosexualidad, la eutanasia, las terapias genéticas, limitándose a permitir la reflexión sobre éstos y sobre otros temas que unos pocos intentan hacérnoslos mirar desde "su" verdad. Gracias al laicismo hemos aprendido a respetar el modo en el que cada ser humano afronta el Misterio sobrecogedor, fascinante e inmenso que nos envuelve a todos y que algunos solucionan apostando por Yahvé, otros por Alá, otros por Cristo y otros relegando cualquier aceptación metafísica.
Hemos de ser conscientes de que el hecho religioso es de suma trascendencia para gran parte de los seres humanos, por lo que debemos sentirnos dispuestos a levantar nuestra voz con la finalidad de que nadie sufra persecución por la fe que ha elegido. El laicismo es luchar por lo nuestro, es abrir ventanas de comprensión y de justicia y es luchar sin tregua contra los fanatismos que perturban y distraen en la tarea común del bienestar irrevocable del hombre, para que haya libertad, paz y justicia.
Un campo donde los postulados propios del laicismo encuentran su mayor aplicación es el de la educación. De ahí que se hayan desarrollado grandes esfuerzos por conseguir una enseñanza basada en la racionalidad y en la no introducción ni establecimiento de dogmas religiosos. Librepensadores y francmasones han incidido fuertemente en este terreno. Pero muchas veces al hablar de masonería y educación se tiende a pensar en la actuación de la masonería en el campo de la enseñanza, por medio de diversos tipos de instrumentos: centros docentes; presiones en la orientación de la política educativa; influencias de políticos con vínculos masónicos y con responsabilidades en la administración educativa,.. Sin restar importancia a tales aspectos centrados en la actuación de la masonería en el mundo externo a ella, quedarnos sólo en ellos seria conocer sólo una parte de la realidad. Porque la educación puede y debe ser contemplada como una actividad interna de la masonería.
La masonería es, por definición una orden iniciática. Y como tal, debe ser considerada como una escuela de formación de sus integrantes. Para alcanzar esas metas la masonería dispone, prioritariamente, de los trabajos en las logias. Desde esa perspectiva educativa, el objetivo de la masonería no es inculcar a sus adeptos, un conjunto de conocimientos y verdades, sino, fundamentalmente, principios filosóficos y un sistema de valores. Según nos enseña la propia historia de la orden, el ideal de hombre que la masonería quiere formar debe estar en posesión de tres cualidades básicas. Ha de ser una persona ilustrada, moral y libre. Ilustrada para que pueda aportar, con su estudio, algo en la tarea de progreso que la masonería propugna. Moral para que distinguiendo el bien del mal, contribuya a la felicidad propia y de los que le rodean. Libre porque sin libertad no se puede ser responsable. Y sin responsabilidad no se puede afirmar la persona. Otros sectores masónicos, especialmente en algunos países europeos e hispanoamericanos, han dado un matiz especial a esta última cualidad, interpretando la libertad en el hombre, como la ausencia de presiones externas, fundamentalmente provenientes de la Iglesia Católica.
Después de la dura lucha desarrollada desde el Siglo XVIII en que la Iglesia y el Estado se disputaron la escuela y la universidad, el laicismo moderno ha tenido que levantarse frente a las pretensiones de algunos de revitalizar a la Iglesia como poder político y ha tenido que levantar, una vez más, su voz respecto de las sectas y grupos religiosos excluyentes con signos de limpiezas étnicas.
Se ha dicho que en los 40 años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial se registraron 88 conflictos armados, mientras que desde 1945 han estallado cerca de 200 guerras de alta intensidad, la mayor parte de ellas consecuencia de conflictos étnicos y religiosos (Yugoslavia, Serbia, Ruanda, Somalia, Sudán, Burundi, Georgia, Chechenia, Timor Oriental, etc.) que han constituido peligros de la magnitud de los originados por la Guerra Fría, sin soslayar la actual forma de guerra que constituyen los terrorismos de diversa índole.
Algunos católicos, protestantes, musulmanes y judíos quieren resolver sus diferencias con sangre y todos quieren tener un Dios hecho a su medida, que los ampare y favorezca y que, también, los justifique en sus desmanes e intereses, olvidándose de que se puede vivir con tolerancia, como algunas experiencias pasadas nos lo enseñan. Debemos defender denodadamente la universalidad de los derechos humanos, la tolerancia y la solidaridad.
Cuando uno comprueba los muchos esfuerzos que se han realizado desde el Siglo XIX por una educación integral y laica, respetuosa con todas las creencias religiosas, pero dejando éstas en el terreno privado y que en nuestro país llevó a muchos pedagogos al sacrificio, no deja de sorprendernos que en la actualidad continúe señalándose como irrenunciable la presencia de la religión en las aulas, tal como algunos medios de comunicación y comentaristas reiteran una y otra vez. No parece que nuestra sociedad haya cambiado tanto.
Ninguna doctrina mejor que el laicismo para que los valores inapreciables de la tolerancia y la justicia se desarrollen y crezcan a favor del respeto a la libertad de pensamiento, a la dignidad y destino de esos hombres y mujeres, tantas veces postergados por sus creencias, su raza, su nacionalidad o su educación, que siendo un derecho, les ha excluido. Nada impide tanto el acercamiento entre los seres humanos como la desigualdad en el saber.
El laicismo es luchar por lo nuestro, es abrir las ventanas de la comprensión y la justicia y es luchar sin tregua contra todos los fanatismos, que perturban y distraen en la tarea común del bienestar irrevocable del hombre. El laicismo debe iluminarnos y ayudarnos a caminar todos juntos, cada cual con su verdad, para conseguir en el futuro que el pensar en libertad sea lo natural y propio de cualquier ciudadano. Simplemente señalar que la mejor garantía para el desarrollo de las creencias personales es la existencia de un Estado plenamente laico, que practique plenamente la máxima evangélica de"dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César".
Josep Corominas y Busqueta.